San Francisco no alquilaba pisos en el Madrid de los Austrias

San Francisco no alquilaba pisos en el Madrid de los Austrias

San Francisco de Asís murió en 1226 sin poseer nada. No dejó casas, ni tierras, ni rentas, ni derechos adquiridos. Dejó algo mucho más incómodo: una forma de pobreza que no se declama, se practica. La renuncia a la propiedad no era una metáfora espiritual, sino una decisión concreta frente al poder que otorga el dinero y, sobre todo, la tierra.

Casi ocho siglos después, en el corazón del Madrid de los Austrias, su nombre preside una de las carteras inmobiliarias más discretas y mejor situadas del centro histórico. No es una paradoja literaria. Es una historia patrimonial larga, paciente y extraordinariamente eficaz.

La Venerable Orden Tercera de San Francisco, documentada en Madrid desde 1609, no nació como orden monástica ni como congregación mendicante. Fue —y es— una entidad laica, integrada por seglares, lo que desde el principio le permitió algo esencial: poseer bienes. A diferencia de los frailes, los terciarios podían vivir en el mundo sin renunciar al patrimonio. En la práctica administrativa y en el habla madrileña, esta institución es conocida por su acrónimo VOT. Tres letras que aparecen en expedientes, contratos y conversaciones inmobiliarias con una naturalidad casi técnica. La ironía es involuntaria, pero inevitable: VOT suena hoy más a sigla de poder que a voto de pobreza; más a marca reconocible en el centro histórico que a espiritualidad franciscana. No es culpa del acrónimo. Es del uso que se hace de él.

Cuando la pobreza se volvió patrimonio

Durante siglos, la acumulación fue lenta y silenciosa. No hubo compras masivas ni operaciones especulativas. Hubo testamentos, herencias y donaciones. Casas dejadas a la orden por personas sin descendencia directa, por viudas, por comerciantes, por devotos que buscaban asegurar la salvación del alma, la memoria familiar o un entierro digno.

El mecanismo era conocido y socialmente aceptado. A cambio de misas perpetuas, asistencia espiritual o simple pertenencia simbólica a una comunidad respetada, los inmuebles pasaban a manos de la orden. No se vendían. No se repartían. Se conservaban. Se alquilaban. Generaban rentas estables. Y, sobre todo, no morían nunca.

Así se construye una forma de riqueza singular: un patrimonio que atraviesa los siglos intacto mientras la ciudad cambia a su alrededor.

El ladrillo como liturgia social

Madrid creció, se densificó y se encareció. El centro histórico, primero marginal, luego administrativo y finalmente turístico, se convirtió en uno de los espacios urbanos más codiciados de Europa. El Madrid de los Austrias pasó de ser barrio viejo a ser escenario. Quien tenía casas allí no tenía solo viviendas: tenía poder urbano.

Durante mucho tiempo, ese poder se justificó por la función social y asistencial de las instituciones que lo detentaban. El problema no fue la acumulación. El problema llegó cuando la función desapareció y el patrimonio permaneció.

De obra piadosa a operador inmobiliario

El punto de inflexión no tiene una fecha única, pero sí un periodo claro. A partir de los años ochenta del siglo XX, con la liberalización del mercado inmobiliario, la revalorización del alquiler y la conversión del centro histórico en motor turístico, la lógica cambia.

La orden deja de comportarse como institución asistencial y pasa a actuar como operador inmobiliario profesional. No de forma ostentosa, sino con la discreción de quien no necesita anunciarse. Investigaciones periodísticas coinciden en que la VOT posee un parque inmobiliario muy significativo, con más de un centenar de viviendas según las estimaciones publicadas, repartidas en bloques completos y locales comerciales en el centro de Madrid. El número exacto no es público, pero la dimensión del patrimonio es incuestionable.

San Francisco no alquilaba pisos.

Y desde luego no gestionaba carteras inmobiliarias.

La caridad del casero religioso

Los conflictos con inquilinos no aparecen por casualidad. Se repite un patrón conocido en el mercado privado, aquí agravado por el marco moral y fiscal.

La falta de mantenimiento se prolonga durante años. Las reparaciones estructurales no llegan. Las viviendas se degradan. La precariedad del inmueble se convierte en arma contra quien lo habita. Cuando la situación es insostenible, se invoca la ruina, la insalubridad o la imposibilidad de continuar.

El resultado es previsible. Desahucio. Rehabilitación. Nueva puesta en alquiler.

La diferencia es decisiva. Esto no lo hace un casero cualquiera.

El privilegio fiscal como ventaja competitiva

La orden actúa amparada por un estatuto fiscal excepcional. En virtud de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 y de su desarrollo normativo posterior, las entidades religiosas disfrutan de exención del IBI, incluso cuando los inmuebles están arrendados.

La Ley 49/2002 consolidó este marco. La jurisprudencia ha ido confirmando, caso a caso, la exención en supuestos de alquiler. El resultado práctico es simple: quien no paga IBI compite en el mercado con una ventaja estructural frente a cualquier propietario civil.

A ello se suma la posibilidad de acceder a subvenciones públicas para rehabilitación en centros históricos, ligadas a conservación patrimonial o eficiencia energética.

El contribuyente sostiene el sistema.

El sistema protege la exención.

La exención distorsiona el mercado.

Y la distorsión termina expulsando al vulnerable.

El centro histórico como botín turístico

El Madrid de los Austrias no es solo vivienda. Es marca, postal y motor de turismo agresivo y especulativo. Cada piso rehabilitado es una pieza más del engranaje que convierte la ciudad en producto. En ese contexto, la expulsión de vecinos precarios no es un accidente. Es una consecuencia lógica del modelo.

Aquí entra la historia concreta, con nombre y apellidos.

Mariano Ordaz vive desde hace años en una vivienda propiedad de la VOT. Ha sido declarado persona vulnerable por resolución judicial, al carecer de ingresos suficientes. Pese a ello, el 13 de febrero de 2026 se intentó de nuevo su desahucio. No por ocupación ilegal ni por impago voluntario, sino tras años de dejadez, deterioro y presión sostenida.

La mirada, si es que la hubo, no fue pastoral. Fue codiciosa. La de los mediadores, intermediarios y gestores que actúan en nombre de la orden. No firman Evangelios. Firman expedientes.

El centro histórico es demasiado valioso para que un inquilino vulnerable estorbe.

Los últimos fueron, y ya no queda nadie más

Los últimos países que mantuvieron privilegios comparables para la Iglesia católica ya los han limitado o eliminado.

Francia lo hizo con la Ley de Separación de 1905.

Alemania consolidó su marco tras 1949, tratando el alquiler como actividad económica.

Italia cerró el ciclo entre 2006 y 2013, tras las decisiones de la Comisión Europea sobre ayudas de Estado.

El Reino Unido endureció los controles desde la década de 2010.

España es hoy la excepción.

Los mandamientos que aquí se quiebran

No robarás, cuando el privilegio fiscal se convierte en instrumento de expulsión.

No codiciarás los bienes ajenos, porque el hábito no hace al monje ni la codicia se mide por la túnica ni por el nombre invocado, sino por lo que se hace con las llaves.

No darás falso testimonio, cuando el nombre de lo religioso se usa como pantalla.

Amarás al prójimo como a ti mismo, y el prójimo no es una abstracción: es quien vive con goteras y una orden de lanzamiento.

Y hay uno más, demasiado olvidado.

No dirás mi nombre en vano.

Si San Francisco se levantara hoy, como Lázaro, lo primero que impondría no sería un comunicado ni una comisión, sino una penitencia larga, pública y concreta, entendida como renuncia real al privilegio y restitución del daño causado. Lo segundo sería exigir que su nombre dejara de utilizarse y que, en su lugar, se practicara aquello que predicó y que hoy se ha vaciado de contenido.

A Dios rogando y con el mazo dando

Las preguntas que deben llegar a Roma

¿Cuántos desahucios caben en una exención fiscal?

¿Dónde termina la obra piadosa y empieza el negocio inmobiliario?

¿Quién decide, quién firma, quién se beneficia de la intermediación?

¿En qué momento el nombre de San Francisco deja de ser inspiración y pasa a ser coartada?

Hay, además, una pregunta que no puede eludirse en Roma. El último papa eligió llamarse Francisco para recordar que la pobreza no es un eslogan y que la pureza de alma no admite intermediarios. Su sucesor, León, tomó ese nombre como signo explícito de continuidad. ¿Qué dirían hoy ambos al ver cómo el nombre de San Francisco se utiliza para amparar carteras inmobiliarias, desahucios de personas vulnerables y estrategias propias del mercado más duro?

Tal vez haya llegado el momento de que el Vaticano ponga orden. No por razones políticas ni fiscales, sino por algo más simple y más antiguo: la coherencia.

San Francisco eligió a los pobres.

Aquí, los pobres estorban.

Y cuando una entidad que tomó su nombre actúa como gran tenedor en el corazón más bello de Madrid, lo que está en juego no es solo una injusticia social. Es la desnaturalización completa de lo religioso al servicio del ladrillo, del turismo agresivo y especulativo, y de un privilegio que ya no se sostiene.

En palabras de San Francisco de Asís:

“La pobreza no es carecer de cosas, sino no apropiarse de ellas.”

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