La paz, la autonomía europea y el Estado de bienestar también están en las urnas
En España podemos dedicar semanas a una encuesta, una ocurrencia de campaña o una disputa entre dirigentes. Entretanto, decisiones que comprometen nuestra seguridad y nuestros recursos durante décadas apenas reciben el debate que merecen. La guerra de Ucrania, el rearme europeo y la defensa del Estado de bienestar deberían ocupar el centro de nuestras preocupaciones electorales.
Una paz duradera beneficiaría, ante todo, a quienes padecen la guerra. También permitiría a Europa reducir riesgos, recuperar estabilidad y concentrar sus esfuerzos en las necesidades de sus ciudadanos. España tiene mucho que ganar con ese horizonte y demasiado que perder si la prolongación del conflicto sigue siendo presentada como una fatalidad.
La paz merece una política propia
Recomiendo leer al profesor Jeffrey D. Sachs y su artículo A Framework for Peace in Ukraine. Su propuesta articula una salida negociada mediante neutralidad ucraniana, integración en la Unión Europea, garantías internacionales y compromisos verificables. Sus condiciones requieren negociación y consentimiento ucraniano; su propósito merece una atención que rara vez obtiene entre tanta declaración solemne sobre la necesidad de continuar la guerra.
Sachs escribe que «el primer principio es la seguridad indivisible». Una idea esencial para construir un orden europeo cuyos compromisos puedan ser respetados por todas las partes.
Su experiencia como asesor económico en Polonia, Estonia, Eslovenia y Rusia, entre otros, le permitió conocer de cerca las transformaciones del este europeo. Esa trayectoria merece ser escuchada, aunque resulte menos cómodo que despacharla con una etiqueta.
Las oportunidades perdidas exigen responsabilidades
Desde 1990 con el final de la Guerra Fría habría debido trabajarse con mayor perseverancia por una arquitectura de seguridad compartida con Rusia. Más tarde, los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015 ofrecieron un marco de alto el fuego en el Dombas y solución política que tampoco desembocó en una paz duradera. Aquellos fracasos exigen examinar las decisiones adoptadas y las obligaciones incumplidas. Invocar la inevitabilidad de la guerra resulta demasiado indulgente con quienes deberian haberla evitado.
En la primavera de 2022 volvió a abrirse una posibilidad negociadora. El papel de Boris Johnson merece ser recordado con precisión. Davyd Arakhamia, jefe de la delegación ucraniana, declaró que el primer ministro británico les animó a continuar combatiendo. Mencionó obstáculos constitucionales, desconfianza hacia Rusia y garantías insuficientes. Su testimonio documenta una intervención contraria a aquella vía negociadora.
Que sean esclarecidas las expectativas sobre las que se alentó la continuación de la guerra y la evaluación que se hizo de sus costes humanos. Recomendar perseverancia desde una capital extranjera constituye, desde luego, una actividad bastante menos arriesgada que vivir bajo los bombardeos.
El Gobierno de Zelenski exploraba entonces compromisos sobre neutralidad. Esa disposición merece ser recordada. Su liderazgo debe ser juzgado por la protección efectiva de su población y por la búsqueda de una salida viable. La continuidad política de un gobernante jamás debería confundirse con la supervivencia de su país.
Washington tiene intereses propios. Europa necesita defender los suyos.
En abril de 2022, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, expresó el propósito de debilitar la capacidad militar rusa para impedir nuevas invasiones. Junto al apoyo a Ucrania existía, por tanto, un objetivo estratégico estadounidense explícito.
Ahí reside una crítica fundamental. Cuando el desgaste del adversario desplaza la búsqueda de un acuerdo, Ucrania corre el riesgo de quedar reducida a peón de una confrontación mayor. Las vidas ucranianas y rusas no pueden convertirse en el recurso con el que otras potencias administren sus rivalidades.
Rusia responde por su invasión. Esa responsabilidad tampoco concede inmunidad política a Washington, Londres, Kyiv o Bruselas.
El rearme europeo alimenta la industria estadounidense
La dependencia tiene una dimensión industrial concreta. Según el SIPRI, Estados Unidos suministró el 58 % del volumen de las importaciones de grandes armas de los miembros europeos de la OTAN durante el período 2021–2025. El porcentaje corresponde a las importaciones, no al conjunto de sus adquisiciones militares, pero revela el peso del proveedor estadounidense.
Cuando los presupuestos europeos financian compras a fabricantes estadounidenses, sostienen producción, empleo y capacidad tecnológica en Estados Unidos. Presentar esas compras como una política de prosperidad para nuestras sociedades exige una considerable licencia retórica.
España y otros países europeos tienen industria de defensa propia. Su existencia, sin embargo, no convierte cualquier incremento del gasto militar en una buena política industrial ni garantiza que sus beneficios compensen las necesidades que quedan relegadas.
Europa necesita autonomía para decidir su seguridad. Acrecentar la dependencia de proveedores estadounidenses mientras se proclama la autonomía estratégica constituye una contradicción que los discursos ceremoniales no consiguen disimular.
El Estado de bienestar debe ser la prioridad
La OTAN acordó en La Haya un objetivo del 5 % del PIB para 2035, compuesto por al menos un 3,5 % para defensa militar y hasta un 1,5 % para ámbitos relacionados con seguridad, infraestructura y resiliencia. No todo ese porcentaje corresponde a armamento; todo él, en cambio, compromete decisiones sobre recursos públicos.
Como ha defendido Pedro Sánchez, preservar el Estado de bienestar debe orientar nuestras prioridades. El Gobierno español sostuvo en junio de 2025 que podía cumplir sus objetivos de capacidades con un gasto del 2,1 % del PIB y rechazó asumir el 5 %. Defender ese margen de decisión responde a una responsabilidad elemental con la ciudadanía.
La seguridad se construye en hospitales, escuelas y viviendas
La sanidad, la educación, las pensiones y el acceso a una vivienda digna constituyen obligaciones esenciales del Estado. Su financiación debe ser preservada frente a una escalada militar que amenaza con subordinar el conjunto de la política presupuestaria.
Militarizar España no resolverá las listas de espera, la falta de profesores ni la precariedad que impide a tantos jóvenes emanciparse. La adquisición de armamento estadounidense tampoco sustituye una política de empleo en España, ni construye las viviendas públicas cuya ausencia agrava nuestra crisis habitacional.
La investigación, la rehabilitación de viviendas, las energías renovables y la mejora de los servicios públicos generan actividad económica y empleo, además de atender necesidades sociales directas. Merecen una determinación política al menos comparable a la que se reclama para el rearme.
Resulta revelador que las necesidades sociales sean sometidas a interminables pruebas de viabilidad mientras determinados compromisos militares adquieren, casi de inmediato, la categoría de inevitables. Para los hospitales, prudencia presupuestaria; para el armamento, altura de miras.
Que sea acreditada la necesidad de cada incremento, que sean identificadas las capacidades que faltan y que sean expuestos sus costes de financiación. Que sean explicadas, asimismo, sus consecuencias para los servicios públicos. Los contribuyentes merecen algo más que una apelación genérica al peligro.
Una sociedad con hospitales desbordados, jóvenes sin vivienda y servicios públicos debilitados pierde cohesión y confianza democrática. Esa pérdida afecta a su seguridad. La mayor riqueza de un país, su fortaleza más duradera, es una población formada mediante una educación pública de calidad y sostenida por instituciones que garanticen su bienestar y sus oportunidades. Una ciudadanía culta, sana y socialmente cohesionada constituye la defensa más sólida de una democracia y el fundamento de su independencia.
Europa necesita buena política y capacidad de decisión
La propuesta de Sachs merece atención porque pone de manifiesto lo que más falta nos hace: una política europea con criterio propio, capaz de construir la paz y defender el bienestar de sus ciudadanos.
Las voces que desde Bruselas presentan una confrontación cada vez mayor con Rusia como un destino inevitable deben responder por las consecuencias de ese discurso. La amenaza rusa exige una respuesta responsable; convertirla en argumento permanente para el rearme puede acabar hipotecando durante décadas los recursos de millones de europeos en beneficio de intereses industriales privados.
Europa necesita recuperar la iniciativa diplomática, promover garantías eficaces para Ucrania y exigir compromisos verificables a Rusia. Necesita, asimismo, dejar de supeditar su porvenir a las prioridades de Washington, especialmente bajo una presidencia como la de Trump. Esa dependencia seguirá condicionando nuestras decisiones si continuamos cultivándola con la obediencia de siempre y la retórica de la autonomía.
La buena política europea debe preservar nuestra capacidad de decidir y proteger las condiciones de vida de la ciudadanía. El bienestar de millones de personas merece una defensa más firme que los beneficios de quienes prosperan con el rearme.
El voto en España tiene consecuencias europeas
El populismo está invadiendo Europa y España no es una excepción. Se alimenta del malestar, ofrece culpables inmediatos y sustituye el trabajo de gobernar por la representación permanente del enfrentamiento. Trump constituye un ejemplo elocuente de ese método; a sus imitadores europeos no les falta entusiasmo.
La grandilocuencia suele viajar bien. La responsabilidad encuentra más dificultades para cruzar fronteras.
España necesita gobernantes capaces de defender sus intereses en Europa, negociar con criterio y sostener una política exterior propia. La defensa del Estado de bienestar exige capacidad internacional, porque las decisiones sobre guerra, energía, industria y gasto público repercuten directamente en nuestra vida cotidiana.
Al votar en España también decidimos el futuro de Europa. Damos fuerza a determinadas alianzas, prioridades y formas de ejercer el poder. De ese voto depende que la paz y el Estado de bienestar cuenten con una defensa política firme, o que sigan cediendo terreno ante quienes administran y promueven el miedo para presentar después la factura.
