España 2018–2026
cuando el éxito no encuentra relato
el país del relato
En España, los debates públicos rara vez se organizan en torno a los resultados. Se articulan, más bien, alrededor del relato y de las personas o personalidades que lo encarnan, según el gusto, la afinidad o la moral de quien lo construye, lo difunde o lo escribe. No pocas veces, además, ese relato se ve atravesado por una doble intención: no solo interpretar la realidad, sino obtener de ella un beneficio propio, político, económico o simbólico.
De ahí que no siempre exista una correlación clara entre los datos económicos y sociales, por un lado, y la percepción colectiva, por otro. Desde 2018, España ha experimentado transformaciones profundas en materia económica, social y laboral. El horizonte de 2026 permite evaluar no una coyuntura, sino un ciclo completo, en un contexto europeo marcado por el estancamiento, la inflación y la dificultad para salir de crisis encadenadas.
Lejos de consolidarse un clima de reconocimiento institucional acorde con esos avances, el espacio público español ha tendido hacia una dinámica de desgaste permanente, deslegitimación y conflicto. Vamos a analizar por qué, incluso cuando los números acompañan, el sistema político, mediático e institucional se inclina de forma recurrente hacia la erosión del consenso y la destrucción del relato común.
España en cifras: de 2018 a 2026
2018 como referencia
En 2018, la economía española crecía en torno al 2 % anual. Era un crecimiento sólido en términos macroeconómicos, pero todavía frágil en su traducción social tras años de desempleo estructural y pérdida de poder adquisitivo.
El salario mínimo interprofesional se situaba entonces en 735 € mensuales.
2025–2026: un cambio estructural
Ocho años después, el panorama es distinto. En 2025, España cerró el ejercicio con un crecimiento cercano al 2,8 %, claramente por encima de la media de la eurozona. Las previsiones para 2026 sitúan el avance del PIB entre el 2,2 y el 2,4 %.
El número de personas ocupadas supera los 22,4 millones, y la tasa de desempleo ha descendido por debajo del 10 % por primera vez desde la crisis de 2008.
El salario mínimo interprofesional alcanza en 2026 los 1.184 € mensuales, a la espera de las negociaciones, lo que supone un incremento superior al 60 % respecto a 2018.
Pensiones: qué recibe el pensionista medio 2018–2026
En 2018, la pensión media contributiva rondaba los 1.030 € mensuales, con revalorizaciones desvinculadas del IPC y pérdida progresiva de poder adquisitivo.
En 2026, la pensión media supera los 1.500 € mensuales, tras varios años de actualizaciones ligadas a la inflación, incluida una revalorización prevista del 2,7 %.
El pensionista medio percibe hoy más de 470 € mensuales adicionales respecto a 2018, un incremento cercano al 45 % nominal, con impacto directo en renta disponible y bienestar.
En términos comparados, el incremento del salario mínimo y la revalorización de las pensiones en España entre 2018 y 2026 se sitúan claramente por encima de la media de la eurozona, en un contexto en el que varias economías en Europa han optado por la contención salarial y el ajuste del gasto social.
La vivienda en España. El bloqueo del crecimiento
El principal cuello de botella social de la España actual no se encuentra en el empleo ni en el crecimiento económico, sino en el acceso a la vivienda. Y no por fracaso económico, sino por una combinación de éxito, presión demográfica y fallos graves de gobernanza territorial.
Entre 2018 y 2026, la población residente en España ha aumentado en torno a 3 millones de personas, pasando de unos 47 millones a rozar los 50 millones de habitantes. Sin embargo, la construcción de vivienda no ha acompañado ese crecimiento. Durante este periodo, la producción anual de vivienda nueva se ha mantenido en torno a las 90.000–100.000 unidades, muy por debajo de las 200.000 viviendas anuales que distintos organismos consideran necesarias para absorber la demanda estructural.
El resultado ha sido una presión sostenida sobre los precios. Entre 2018 y 2026, el precio medio de la vivienda en compra ha aumentado en torno a un 35–40 %, mientras que los alquileres lo han hecho en porcentajes aún mayores, superiores al 50 % en las principales áreas urbanas y zonas costeras. Esta evolución ha superado con creces el crecimiento de los salarios medios, incluso en un contexto de mejora del empleo.
A ello se suma el impacto de usos intensivos ligados al turismo. En la actualidad, España cuenta con más de 400.000 viviendas destinadas al alquiler turístico, concentradas en territorios con alta demanda residencial. Esta reconversión del parque existente ha reducido de forma significativa la oferta de vivienda habitual, desplazando población residente y reforzando la lógica de rentabilidad a corto plazo frente a la función social de la vivienda.
Pero el problema no es solo de mercado. España sigue contando con un parque de vivienda social inferior al 3 % del total, frente a porcentajes que superan el 15 % en países como Francia o los Países Bajos. En un Estado profundamente descentralizado, con competencias clave en materia de vivienda transferidas a las comunidades autónomas, la aplicación de leyes estatales destinadas a corregir estos desequilibrios ha sido desigual y, en algunos casos, deliberadamente bloqueada. No por razones técnicas ni por evaluaciones alternativas de eficacia, sino por una lógica de oposición destructiva al gobierno central.
Hasta aquí los datos. A partir de aquí, el problema ya no es económico.
Demografía, inmigración y sostenibilidad
A partir de 2025 se va a producir un punto de inflexión demográfico relevante. El crecimiento del número de nuevos jubilados comienza a desacelerarse como consecuencia directa de la caída sostenida de la natalidad desde finales de los años noventa. Las cohortes que acceden ahora a la jubilación son más reducidas que las de la década anterior.
Al mismo tiempo, el aumento de la población residente no se explica por un repunte de la natalidad, sino por la llegada de población extranjera en edad activa. España ha pasado de aproximadamente 47 millones de habitantes en 2018 a rozar los 50 millones en 2026.
La mayoría de quienes llegan lo hacen entre los 20 y los 40 años, es decir, en el tramo de máxima contribución al sistema productivo y fiscal. No se trata de perceptores netos, sino de potenciales cotizantes durante décadas.
España atrae población no solo por necesidad, sino porque ofrece oportunidades económicas reales, estabilidad relativa y una calidad de vida geográfica y social cada vez más escasa en otros entornos europeos.
Corrupción&poder:la herencia del poder absoluto
España conoce desde antiguo dos formas de corrupción. La primera es la que se aprovecha del sistema: episódica, visible y de bagatela. La segunda es más profunda y dañina: la que nace del poder absoluto, cuando el sistema mismo se convierte en instrumento de beneficio propio.
En estos casos, la corrupción se incrusta socialmente y produce un daño moral duradero. Se normaliza la idea de que el uso privado de lo público es comprensible, incluso razonable. Así se instala la lógica según la cual, si uno no se lo lleva, lo hará el siguiente.
Este mecanismo no pertenece solo al pasado. También reaparece en democracia cuando quienes participan en el poder arrastran una concepción absoluta del mismo y son incapaces de aceptar límites, alternancia o consenso. España ha olvidado con facilidad de dónde viene, y algunos herederos culturales de periodos absolutos no han asumido que su tiempo histórico ha pasado.
Justicia, instituciones y poder sumergido
Cuando el debate público se instala en el desgaste permanente, las instituciones dejan de operar como garantes del sistema y pasan a convertirse en escenarios de disputa. No porque hayan cambiado las normas, sino porque cambia la moral de quienes las utilizan.
La judicialización del debate no nace de un exceso de legalidad, sino de una incapacidad para aceptar sus propios límites. Los otros actores políticos no son percibidos como cooperantes legítimos en un sistema democrático con alternancia, sino como enemigos a neutralizar.
Cuando esta mentalidad se impone, el objetivo ya no es que el sistema funcione, sino impedir que funcione cuando lo hacen los otros. El daño es profundo: erosiona la credibilidad institucional y vacía las reglas de contenido moral.
Lenguaje, insulto y poder: cuando el desprecio se institucionaliza
Existe un síntoma especialmente revelador de esa cultura del poder que no acepta haber quedado atrás: la normalización del insulto como herramienta política. Cuando la descalificación se convierte en consigna o lema, el lenguaje deja de describir la realidad para deformarla.
El insulto no es un exceso retórico, sino una técnica de dominación. Reduce al adversario a caricatura, impide la cooperación y transforma la alternancia democrática en confrontación moral.
Este fenómeno resulta aún más significativo cuando es asumido por quienes un día fueron vasallos y, una vez en posiciones de mando con bastón institucional incluido, no rompen con esa cultura, sino que la consagran. El desprecio se oficializa y el conflicto se convierte en identidad política.
Prensa, simulacro informativo y fabricación del relato
A este deterioro contribuye un ecosistema informativo profundamente transformado. El espacio público ya no se articula mayoritariamente en torno a prensa profesional basada en datos, contexto y responsabilidad editorial, sino en formatos que se presentan como opinión ciudadana o información alternativa, construidos a partir de los mismos subterfugios del poder que no quiere dejar de serlo.
El relato ya no se construye a partir de procesos, cifras o tendencias, sino de personajes, gestos y episodios aislados, convenientemente descontextualizados. La complejidad se percibe como debilidad narrativa y la estabilidad como ausencia de noticia. El éxito se convierte en una anomalía que exige ser explicada o puesta en duda.
Conviene reaprender algo elemental: que no todo lo inmediato, ligero o gratuito es mejor por ello. Antes de comentar, compartir o creer, sigue siendo necesario detenerse, contrastar y pensar.
