Reflexiones sobre la Sentencia del Tribunal Supremo en el caso Aldama, la recuperación del patrimonio público y la vigencia del principio de Maat.
La pena sanciona al culpable La restitución restablece la Justicia
Reflexión inspirada en el principio de Maat
No toda sentencia que condena consigue necesariamente restaurar la justicia. Hay ocasiones en las que el verdadero problema no reside en la declaración de culpabilidad, sino en la respuesta que el Derecho ofrece al beneficio obtenido mediante el delito.
Más allá de la condena
La función constitucional del Tribunal Supremo-Sala Segunda de lo Penal
Toda sentencia del Tribunal Supremo resuelve un litigio concreto.
Pero una sentencia del máximo órgano jurisdiccional del orden penal hace mucho más que eso.
Fija doctrina.
Unifica la interpretación del Derecho.
Orienta la actuación de los tribunales inferiores.
Construye la seguridad jurídica sobre la que descansa el Estado de Derecho.
Seguridad jurídica art. 9.3 CE
No debe olvidarse que el artículo 9.3 de la Constitución Española consagra el principio de seguridad jurídica como uno de los pilares esenciales de nuestro ordenamiento. Esa seguridad no depende únicamente de la existencia de normas, sino también de la previsibilidad, coherencia y solidez de las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo, cuya función constitucional consiste precisamente en garantizar una interpretación uniforme del Derecho.
Por ello, cuanto mayor sea la trascendencia institucional de una sentencia, mayor debe ser también la exigencia de su motivación.
Motivación reforzada
Una resolución que fija doctrina en materias tan sensibles como la corrupción pública no sólo decide el destino de unos acusados. También establece los criterios que habrán de aplicarse en los procedimientos futuros, orienta la actuación del Ministerio Fiscal, condiciona la práctica de los tribunales inferiores y transmite a la sociedad un determinado concepto de justicia.
La motivación, por tanto, no constituye un requisito meramente formal.
Es la garantía de que el ciudadano puede comprender las razones de la decisión judicial, controlar su racionalidad y aceptar su autoridad, incluso cuando discrepe del resultado alcanzado.
Lord Hewart
Como afirmó el gran jurista inglés Lord Hewart en una de las frases más influyentes de la historia del Derecho:
“Justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done.”
Una traducción personal:
«La justicia no sólo debe ser imparcial; también debe parecerlo.»
Esta afirmación trasciende la mera apariencia externa. Significa que la legitimidad de una resolución judicial no depende únicamente de su corrección técnica, sino también de la calidad de su motivación, de la transparencia de su razonamiento y de su capacidad para convencer racionalmente a quienes la leen.
El propio Lord Hewart formuló esa máxima en 1924, en el asunto R v Sussex Justices, ex parte McCarthy, convirtiéndola en uno de los principios universales del Estado de Derecho.
La misma exigencia se encuentra hoy incorporada al Derecho europeo. El derecho a un proceso equitativo reconocido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos exige que las resoluciones judiciales estén suficientemente motivadas. Del mismo modo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha insistido reiteradamente en que la motivación constituye una garantía esencial frente a la arbitrariedad y un presupuesto imprescindible para la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia.
Precisamente por ello, cuando una sentencia concede beneficios penales extraordinarios en un asunto de enorme trascendencia institucional, la sociedad tiene derecho a esperar una motivación especialmente rigurosa, detallada y convincente.
No porque se trate de una resolución del Tribunal Supremo.
Sino precisamente porque lo es.
Y es aquí donde comienza la reflexión que motiva estas líneas.
La grandeza de un Tribunal Supremo no se mide por la severidad de sus condenas, sino por la solidez de la motivación que permite comprenderlas, aceptarlas y convertirlas en doctrina para las generaciones futuras.
Aldama como centro económico
Aldama o cómo seguir el dinero revela el verdadero centro de gravedad de una organización criminal
Existe una regla empírica en criminología económica que rara vez falla: para comprender una organización criminal no basta con identificar quién ocupa el cargo más alto; es necesario seguir el dinero. Allí donde nace el beneficio económico suele encontrarse el verdadero centro de gravedad de la organización.
Este procedimiento ha sido presentado a la prensa bajo la denominación «caso Ábalos» o «caso Koldo». Incluso la propia sentencia suele referirse a los acusados siguiendo ese mismo orden.
Sin embargo, una lectura atenta de los hechos declarados probados invita a formular una reflexión distinta.
Desde una perspectiva estrictamente económica, el orden de los nombres no es indiferente.
El análisis del funcionamiento de la organización permite sostener que el flujo económico no nace en José Luis Ábalos ni en Koldo García. Ambos aparecen como destinatarios de pagos, ventajas patrimoniales o beneficios derivados de la posición institucional que ocupaban.
El origen del beneficio económico se sitúa en otro lugar.
La propia sentencia describe a Víctor de Aldama como la persona que obtenía las comisiones derivadas de las operaciones empresariales vinculadas a las adjudicaciones públicas y que posteriormente distribuía parte de ese beneficio mediante pagos periódicos y otras ventajas económicas.
Esta constatación tiene una enorme importancia desde el punto de vista jurídico.
Porque el verdadero centro de gravedad de una organización corrupta no debe buscarse únicamente en quien ostenta el cargo público, sino también en quien genera el beneficio económico que hace posible la corrupción.
Sin recursos económicos no existen dádivas.
Sin dádivas no existe cohecho.
Sin beneficio económico previo no existe incentivo para corromper la función pública.
Desde esa perspectiva, Víctor de Aldama ocupa una posición singular dentro de la estructura descrita por la sentencia.
No aparece únicamente como un intermediario.
No aparece únicamente como un colaborador.
Aparece como quien obtiene el beneficio económico inicial y quien posteriormente decide su distribución entre los distintos integrantes de la organización.
En términos económicos, la secuencia resulta clara:
adjudicación pública → comisión → beneficio económico → distribución del beneficio.
Y precisamente esa secuencia permite comprender por qué el análisis jurídico no puede limitarse a los pagos recibidos por los cargos públicos.
El dinero nace en las adjudicaciones.
La cuestión verdaderamente relevante consiste en determinar qué ocurrió con el beneficio originario.
Porque si el dinero nace en las comisiones obtenidas gracias a la contratación pública, la primera obligación de una justicia orientada a restaurar el orden jurídico debería consistir en identificar con precisión ese beneficio, cuantificarlo y asegurar su completa restitución al patrimonio público.
No se trata únicamente de determinar quién recibió dinero.
Se trata, sobre todo, de determinar quién generó el beneficio económico que hizo posible toda la estructura corrupta.
Ésta es la razón por la que, a lo largo de estas reflexiones, el orden de los nombres no responde a un criterio mediático ni protocolario.
Responde a una tesis jurídica.
Cuando se analiza una organización desde la perspectiva patrimonial, el punto de partida debe situarse allí donde nace el flujo económico.
Y, según la propia descripción contenida en la sentencia, ese punto de partida se encuentra en Víctor de Aldama.
En una organización corrupta, el verdadero centro de gravedad no siempre coincide con quien ostenta el poder institucional sino que se encuentra en quien controla el flujo económico que alimenta la corrupción.
La colaboración premiada: cuando la excepción exige una motivación excepcional
Qué exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La lucha contra la corrupción necesita instrumentos eficaces.
Importante es la colaboración de quienes participan en una organización criminal. Sin ese tipo de cooperación muchas tramas complejas difícilmente podrían ser descubiertas o plenamente acreditadas.
Por ello, tanto el Derecho español como la evolución de la política criminal europea admiten que una colaboración eficaz pueda traducirse en importantes beneficios penales.
Pero precisamente por tratarse de una excepción al principio general de responsabilidad, esos beneficios exigen una motivación especialmente rigurosa.
No basta con afirmar que un acusado colaboró.
Es necesario explicar por qué esa colaboración merecía un tratamiento penal extraordinario.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene sosteniendo que el fundamento de la atenuación de la pena por colaboración no radica en el arrepentimiento del autor, sino en razones de política criminal, premiando únicamente aquellas aportaciones que constituyen una cooperación eficaz, seria y relevante para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de otros responsables o la obtención de pruebas especialmente significativas para la investigación.
STS de 10 de marzo de 2004, reiterada por numerosas resoluciones posteriores, sobre el fundamento de política criminal de las atenuantes ex post facto y la necesidad de una “cooperación eficaz, seria y relevante”, aportando datos “especialmente significativos” para esclarecer la intervención de otros responsables.
STS de 27 de febrero de 2020 (rec. 2328/2018), que precisa que la atenuante analógica por confesión tardía sólo puede apreciarse con carácter muy cualificado cuando la colaboración posterior al inicio del procedimiento tenga un “significado muy especialmente relevante” para la Justicia.
Qué exige la doctrina europea
Del mismo modo, la política criminal de la Unión Europea no concibe la colaboración como un fin autónomo, sino como un instrumento al servicio de un objetivo superior: descubrir íntegramente la organización criminal, identificar el producto del delito, localizar los activos ilícitamente obtenidos y garantizar su embargo y posterior decomiso. Así resulta de la Directiva 2014/42/UE, sobre embargo y decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea, cuya finalidad consiste precisamente en impedir que el crimen resulte económicamente rentable, orientación que ha sido reafirmada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras, en su sentencia de 21 de octubre de 2021 (asunto C-845/19).
La política criminal europea ha evolucionado desde castigar al delincuente hacia privarle del beneficio económico del delito.
En esta línea sigue la Directiva (UE) 2024/1260, que sustituye y amplía el régimen europeo de recuperación y decomiso de activos, reforzando la trazabilidad, gestión y recuperación del producto del delito; la jurisprudencia del TJUE sobre esa Directiva y sobre las garantías del decomiso; y las comunicaciones de la Comisión Europea sobre “asset recovery”.
En ambos casos existe un elemento común.
La colaboración no constituye un fin en sí mismo.
Es un medio para alcanzar una justicia más completa.
Y precisamente por ello, cuanto mayor sea el beneficio penal concedido al colaborador, mayor debe ser también la intensidad de la motivación que explique por qué dicha colaboración resultó realmente determinante para el éxito de la investigación.
Es aquí donde esta sentencia suscita una reflexión particularmente interesante.
La investigación ya iniciada.
¿Dónde está la demostración de que la colaboración fue esencial?
La propia resolución reconoce que la colaboración de Víctor de Aldama se produce cuando la investigación judicial ya se encontraba iniciada y después de la adopción de medidas cautelares.
Al mismo tiempo, la sentencia describe una investigación sustentada en informes de la UCO, documentación administrativa, información bancaria, comunicaciones electrónicas y otras diligencias practicadas durante la instrucción.
No corresponde al lector valorar la oportunidad de la atenuante.
Esa es una competencia exclusiva del Tribunal.
Lo que sí corresponde a cualquier jurista es preguntarse si la motivación ofrecida permite comprender con suficiente claridad cuál fue la aportación específica de esa colaboración y por qué justificaba una reducción extraordinaria de responsabilidad penal.
La cuestión, por tanto, no consiste en negar la existencia de la colaboración.
La verdadera cuestión consiste en determinar cuál fue su valor añadido.
¿Qué hechos esenciales permanecían aún desconocidos?
¿Qué pruebas decisivas no podían obtenerse mediante los medios de investigación ya desplegados?
¿Qué elementos imprescindibles para alcanzar la condena proceden exclusivamente de las manifestaciones de Aldama?
Cuanto más excepcional sea el beneficio penal concedido, mayor debe ser la precisión de las respuestas a estas preguntas.
Porque sólo una motivación suficientemente desarrollada permite preservar dos principios igualmente esenciales en un Estado de Derecho: la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia y la igualdad de todos ante la ley.
De lo contrario, existe el riesgo de transmitir una percepción difícilmente conciliable con la finalidad última del Derecho penal: que la colaboración tardía del principal beneficiario económico de una organización pueda adquirir mayor relevancia práctica que la completa restitución del beneficio obtenido mediante la corrupción.
La colaboración exige una explicación proporcional al beneficio que produce.
Y es precisamente aquí donde comienza el verdadero debate.
No un debate político.
Sino un debate sobre política criminal, motivación judicial y seguridad jurídica.
El gran ausente: la restitución del beneficio económico
La desaparición de la multa de 3,7 millones solicitada por la Fiscalía.
Toda política criminal responde, en último término, a una pregunta esencial:
¿Qué pretende conseguir el Derecho penal?
Durante siglos la respuesta fue sencilla: castigar al delincuente.
Sin embargo, la evolución contemporánea del Derecho penal económico ha desplazado progresivamente el centro de gravedad hacia un objetivo diferente.
No basta con condenar.
No basta con imponer una pena privativa de libertad.
No basta siquiera con declarar la existencia de una organización criminal.
Es necesario eliminar el incentivo económico del delito.
Por ello, tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como el Derecho de la Unión Europea han reforzado progresivamente una idea común:
El delito nunca puede resultar rentable.
El decomiso deja así de ser una consecuencia accesoria para convertirse en uno de los instrumentos esenciales de la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la criminalidad organizada.
No se trata únicamente de castigar.
Se trata de restaurar el patrimonio ilícitamente obtenido.
Precisamente desde esa perspectiva resulta especialmente llamativo uno de los aspectos económicos de la sentencia.
Durante el procedimiento, el Ministerio Fiscal llegó a solicitar para Víctor de Aldama una multa superior a 3,7 millones de euros, vinculada al beneficio económico que entendía obtenido mediante el aprovechamiento ilícito derivado de la contratación pública.
La independencia judicial legitima que el Tribunal se aparte de la tesis del Ministerio Fiscal; la exigencia de motivación reforzada obliga a explicar por qué.
La independencia judicial permite al Tribunal apartarse de la petición de la Fiscalía. Pero precisamente por esa independencia, cuanto mayor sea la diferencia entre ambas posiciones, mayor debe ser también el esfuerzo por explicar sus razonamientos.
El principio: el delito nunca puede resultar rentable.
La responsabilidad económica que resulta de la sentencia se concentra fundamentalmente en cantidades muy inferiores relacionadas con pagos periódicos, alquileres y otras ventajas patrimoniales concretamente identificadas.
No corresponde a este trabajo cuestionar la decisión adoptada por el Tribunal.
Pero sí formular una pregunta jurídica que parece inevitable.
Si el propio relato de hechos sitúa a Aldama en el origen del beneficio económico derivado de las adjudicaciones, ¿dónde aparece cuantificado el beneficio patrimonial total que habría obtenido mediante esas operaciones?
Y, sobre todo,
¿dónde aparece plenamente restituido?
La pregunta adquiere especial importancia porque la propia filosofía del decomiso no consiste únicamente en privar al condenado de determinados bienes concretos.
Su verdadera finalidad consiste en impedir que el delito produzca cualquier ventaja económica.
No basta con castigar al autor.
Es necesario neutralizar completamente el rendimiento económico obtenido mediante la actividad delictiva.
En caso contrario, el Derecho corre el riesgo de transmitir un mensaje profundamente preocupante.
Que la verdadera consecuencia del delito pueda depender más de la capacidad posterior de negociar una colaboración procesal que de la obligación previa de restituir íntegramente el patrimonio ilícitamente obtenido.
Y es precisamente aquí donde la sentencia invita a una reflexión más amplia.
La lucha contra la corrupción no termina cuando se dicta una condena.
Termina únicamente cuando desaparece cualquier beneficio derivado de la corrupción.
Porque el verdadero fracaso del Estado de Derecho no consiste únicamente en que exista corrupción.
Fracaso es cuando la corrupción puede seguir siendo económicamente rentable.
Del castigo a la restauración: la verdadera finalidad del Derecho penal económico
La evolución del Derecho penal durante las últimas décadas ha puesto de manifiesto una realidad incuestionable.
No todos los delitos lesionan el mismo bien jurídico.
Mientras los delitos contra la vida, la libertad o la integridad física protegen derechos individuales, la gran corrupción y la delincuencia económica atacan bienes jurídicos de naturaleza colectiva:
La Hacienda Pública, el patrimonio común, la transparencia de las instituciones, la libre competencia, la confianza de los ciudadanos en el Estado y, en definitiva, el correcto funcionamiento de la democracia.
Por ello, numerosos ordenamientos jurídicos han ido desarrollando un tratamiento especializado para este tipo de criminalidad.
Alemania constituye uno de los ejemplos más significativos. Desde hace décadas, el Wirtschaftsstrafrecht —el Derecho penal económico— ha dado lugar a fiscalías especializadas, unidades de investigación altamente cualificadas y órganos jurisdiccionales con experiencia específica en delincuencia económica.
La razón no reside únicamente en la complejidad técnica de estos procedimientos.
Responde, sobre todo, a la distinta naturaleza del daño producido.
Quien comete un delito económico al Estado no perjudica únicamente a una persona sino que
Perjudica a toda la sociedad.
Cada euro obtenido mediante corrupción deja de financiar hospitales, escuelas, infraestructuras, investigación, seguridad o servicios públicos esenciales.
El patrimonio lesionado pertenece a todos los ciudadanos.
Y precisamente por ello, la finalidad del Derecho penal económico no puede limitarse al castigo personal del autor.
Su misión principal consiste en restaurar el orden patrimonial quebrantado.
En este contexto, la prisión constituye únicamente uno de los instrumentos de respuesta.
Pero no necesariamente el más importante.
La verdadera eficacia del Derecho penal económico no depende exclusivamente de la severidad de las penas privativas de libertad.
Depende, sobre todo, de la absoluta certeza de que ninguna persona conservará ventaja económica alguna obtenida mediante la corrupción.
Sólo cuando el beneficio desaparece por completo desaparece también el incentivo económico del delito.
La prisión puede tener una duración determinada.
La pérdida íntegra del beneficio ilícito constituye, en cambio, una consecuencia permanente.
Por ello, una política criminal moderna debe aspirar a algo más ambicioso que condenar con privación de la libertad.
Debe impedir que la corrupción resulte económicamente racional.
En otras palabras:
La primera obligación del corrupto no debería ser colaborar.
La primera obligación del corrupto debería ser devolver el beneficio.
Y sólo a partir de ese momento podrá plantearse cualquier valoración acerca de la utilidad de su colaboración para el esclarecimiento de los hechos.
El Derecho penal económico del siglo XXI debe evolucionar de un modelo centrado en el castigo de prision hacia un modelo cuyo objetivo ultimo sea la restauración patrimonial.
Quizá sea ésta la gran lección que el Derecho moderno todavía puede aprender del antiguo principio egipcio de Maat.
Porque la justicia no alcanza su plenitud cuando simplemente castiga.
La alcanza únicamente cuando consigue restaurar el equilibrio que el delito ha destruido.
Maat: de la justicia que castiga a la justicia que restaura
Cuando se menciona a Maat, muchos piensan inmediatamente en una diosa del antiguo Egipto.
Sin embargo, reducir Maat a una figura religiosa supone desconocer uno de los sistemas jurídicos más sofisticados de la Antigüedad.
Maat no era únicamente un principio moral.
Era el fundamento mismo del Estado.
Representaba el orden, la verdad, la justicia, el equilibrio y la armonía sobre los que descansaba toda la organización política y jurídica del Egipto faraónico.
El faraón no gobernaba para imponer su voluntad.
Gobernaba para preservar Maat.
Y precisamente por ello, toda actuación que alteraba el equilibrio de la comunidad no constituía únicamente una infracción individual.
Era una agresión contra el propio orden del Estado.
En los delitos de contenido patrimonial, el antiguo Derecho egipcio conoció formas de restitución múltiple —entre ellas la devolución triplicada en determinados supuestos— porque el objetivo no era únicamente castigar al infractor, sino restaurar plenamente el equilibrio quebrantado por la apropiación ilícita.
El antiguo Egipto comprendió hace más de cuatro mil años que el castigo podía intimidar, pero sólo la restitución restablecía el equilibrio.
El castigo sancionaba la conducta; la restitución restauraba Maat.
Esta concepción resulta extraordinariamente moderna.
De la Justicia retributiva a la Justicia restaurativa
La evolución de la idea de Justicia puede resumirse, de forma muy simplificada, en tres grandes modelos:
La justicia retributiva pregunta:
¿Qué pena merece el delito cometido?
La justicia colaborativa pregunta:
¿Qué utilidad puede aportar el autor para el esclarecimiento de los hechos?
Maat, en cambio, formula una pregunta completamente distinta:
¿Qué equilibrio ha sido destruido y cómo puede ser plenamente restaurado?
Y aquí reside la diferencia esencial.
La justicia retributiva centra su atención en la pena.
La justicia colaborativa, en la utilidad procesal del autor.
La justicia restaurativa desplaza el centro de gravedad hacia el daño causado y hacia la reconstrucción del orden quebrantado.
Ésa es, probablemente, la mayor aportación de Maat al pensamiento jurídico: comprender que la Justicia no alcanza su plenitud cuando únicamente castiga al culpable, sino cuando consigue restablecer el equilibrio que el delito ha roto.
Desde esta perspectiva, la restitución del beneficio ilícitamente obtenido deja de ser una consecuencia accesoria.
Se convierte en el presupuesto mismo de la justicia.
Mientras subsista el beneficio económico obtenido mediante la corrupción, el equilibrio permanece roto.
La prisión puede privar de libertad.
La colaboración puede facilitar la investigación.
Pero ninguna de ellas restablece por sí sola el patrimonio que pertenece a la comunidad.
Por ello, el principio de Maat ofrece todavía hoy una reflexión de sorprendente actualidad.
Quizá el verdadero progreso del Derecho penal económico no consista únicamente en perfeccionar las técnicas de investigación ni en ampliar los mecanismos de colaboración, sino sobre todo, en devolver a la restauración patrimonial el lugar central que nunca debió perder.
El Egipto de Maat comprendió algo que sigue siendo válido más de cuatro mil años después.
La justicia sólo alcanza su plenitud cuando el orden destruido ha sido plenamente restaurado.
Y en materia de corrupción, el primer paso para restaurar ese orden no consiste en reducir una condena.
Consiste en devolver íntegramente aquello que jamás debió salir del patrimonio de todos.
Una reflexión final
Toda sentencia del Tribunal Supremo resuelve un litigio concreto.
Pero las grandes sentencias hacen algo mucho más importante.
Construyen la seguridad jurídica de un país.
Orientan la actuación de jueces, fiscales, abogados y profesores.
Y, sobre todo, enseñan a las generaciones futuras qué entiende una sociedad por Justicia.
Por ello, la grandeza de un Tribunal Supremo no se mide por la severidad de sus condenas, sino por la solidez de la motivación que permite comprenderlas, aceptarlas y convertirlas en doctrina para las generaciones futuras.
Las penas privativas de libertad terminan.
Las multas pueden pagarse.
Incluso las condenas acaban formando parte de la historia.
Pero la doctrina permanece.
Y es precisamente esa doctrina la que modela el comportamiento de quienes algún día tendrán en sus manos la responsabilidad de administrar Justicia.
El Derecho penal del siglo XXI ha avanzado extraordinariamente en los métodos de investigación, en la cooperación internacional, en el seguimiento del dinero y en la persecución de la criminalidad organizada.
Sin embargo, quizá todavía permanezca abierta una pregunta mucho más profunda.
¿Debe la primera obligación del corrupto consistir en colaborar con la Justicia?
¿O debe consistir, antes que nada, en restituir íntegramente aquello que obtuvo quebrantando la Justicia?
La respuesta a esta pregunta trasciende a cualquier sentencia.
Hace más de cuatro mil años, el antiguo Egipto respondió a esa misma cuestión mediante un principio tan sencillo como exigente: Maat.
La Justicia no alcanzaba su plenitud cuando simplemente castigaba al culpable.
La alcanzaba cuando conseguía restaurar el equilibrio que el delito había destruido.
Quizá el verdadero progreso del Derecho no consista únicamente en perfeccionar nuestras leyes ni en hacer más eficaces nuestras investigaciones.
Quizá el mayor avance jurídico del futuro consista en recuperar una idea tan antigua como permanente:
La finalidad última del Derecho penal económico no consiste únicamente en castigar la corrupción, sino en impedir que produzca cualquier ventaja patrimonial.
La prisión sanciona el delito.
La restitución restaura la Justicia.
La colaboración puede ser un mérito procesal.
