De votos dispersos a comunidad política: una propuesta para la representación de los españoles por el mundo
I. Un debate descarrilado
El cálculo electoral frente al debate de Estado
El debate no es irrelevante. Es incluso necesario. Pero ha descarrilado desde el primer momento al quedar atrapado en el cálculo electoral.
Las grandes reformas institucionales rara vez nacen de un cálculo electoral. Suelen surgir cuando una sociedad descubre que las instituciones que durante décadas dieron respuesta a una determinada realidad ya no son capaces de responder a los cambios del presente. Paradójicamente, el reciente debate abierto en España sobre la denominada «Ley de Nietos» parece haber seguido el camino contrario.
Las críticas formuladas en las últimas semanas por el Partido Popular y Vox respecto a la ampliación del número de ciudadanos españoles con derecho de sufragio no parecen partir de una reflexión constitucional sobre la representación política de la ciudadanía española residente en el exterior. Todo indica que responden, más bien, al miedo escénico que produce la posibilidad de que la ampliación del cuerpo electoral altere futuros equilibrios parlamentarios.
La paradoja resulta difícil de ignorar. Durante décadas, el Partido Popular —y anteriormente Alianza Popular— defendió activamente el reconocimiento de la nacionalidad para los descendientes de españoles emigrados y desarrolló una intensa actividad política en países con importantes comunidades españolas, especialmente en Argentina, Uruguay, Cuba y Venezuela. El propio Alberto Núñez Feijóo defendía en Argentina, en 2022, facilitar el acceso a la nacionalidad de los descendientes de españoles y mejorar la participación política de los residentes en el exterior.
No parece haber cambiado el principio.
Lo que parece haber cambiado es la confianza del Partido Popular en la solidez de su propio proyecto de gobierno y en su capacidad para convencer también a esa nueva ciudadanía española.
Sin embargo, reducir esta cuestión a un enfrentamiento coyuntural entre Gobierno y oposición supondría desaprovechar una oportunidad histórica.
La verdadera dimensión del problema
El verdadero debate no consiste en preguntarse si los españoles residentes en el exterior deben votar. Ese derecho deriva de su propia condición de ciudadanos españoles y forma parte del principio democrático reconocido por nuestra Constitución.
La verdadera cuestión es otra.
¿Tiene sentido que una comunidad nacional formada por más de 3,2 millones de ciudadanos españoles inscritos en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE, Instituto Nacional de Estadística, 1 de enero de 2026) continúe integrada electoralmente en circunscripciones provinciales concebidas para una realidad territorial completamente distinta?
No estamos hablando únicamente de ciudadanos que ejercen su derecho de voto desde otro país.
Estamos hablando de investigadores, empresarios, trabajadores, profesores, médicos, ingenieros, artistas, estudiantes y profesionales que desarrollan diariamente su vida entre distintas culturas, distintos sistemas jurídicos, distintas economías y distintas formas de entender la organización de un Estado.
También acumulan conocimiento, experiencia internacional, capacidad de comparación institucional y una visión privilegiada de otras sociedades que pueden enriquecer el debate público y mejorar las decisiones del Gobierno y de las Cortes Generales.
Quizá haya llegado el momento de abandonar un debate condicionado por el miedo electoral para abrir otro mucho más ambicioso.
No cómo impedir que voten más españoles.
Sino cómo integrar políticamente, de manera activa, a los españoles por el mundo en el proyecto colectivo de la España del siglo XXI, convirtiendo su experiencia, su conocimiento y su capacidad de observación internacional en un auténtico activo estratégico para el Estado.
Ese es, probablemente, el verdadero debate que España lleva demasiado tiempo posponiendo.
II. Las Españas: una memoria institucional olvidada
Una Nación organizada más allá de sus fronteras
Para comprender el desafío que hoy plantea la representación de la ciudadanía española residente en el exterior conviene hacer un ejercicio poco habitual: mirar hacia atrás.
Durante cuatro siglos, España no fue únicamente la España peninsular.
Fue también las Españas.
Una comunidad política articulada a ambos lados del Atlántico y del Pacífico, distribuida por cuatro continentes y unida no solo por la Corona, sino también por una compleja arquitectura institucional que permitió gobernar uno de los espacios políticos más extensos de la historia moderna.
Virreinatos, Audiencias, Capitanías Generales, Cabildos y Consejos no eran simples divisiones administrativas. Constituían una auténtica red de gobierno, información y comunicación entre los distintos territorios y la Corona. Cada uno de ellos transmitía de forma permanente su realidad económica, social, militar y jurídica. La distancia no se resolvía ignorando las diferencias; se resolvía creando instituciones capaces de comprenderlas y trasladarlas al centro de decisión.
La Constitución de Cádiz de 1812 definía con extraordinaria claridad esa concepción política al afirmar que «la Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios». Aquella formulación constitucional reconocía una realidad que iba mucho más allá del territorio peninsular: la existencia de una comunidad política integrada por ciudadanos que compartían una misma Nación aunque desarrollaran su vida en espacios geográficos muy distintos.
Todo aquel sistema desapareció definitivamente tras la guerra hispano-estadounidense de 1898 y la pérdida de las últimas grandes posesiones ultramarinas. Con él desapareció también la necesidad de administrar una comunidad nacional repartida por varios continentes.
Un desafío que vuelve a ser actual
La Constitución de 1978 nació en un contexto completamente diferente. España acababa de recuperar la democracia y su prioridad era consolidar un Estado constitucional moderno, territorialmente organizado en provincias y, posteriormente, en comunidades autónomas. Aquella decisión respondía plenamente a las necesidades de su tiempo.
Casi medio siglo después, la realidad vuelve a haber cambiado.
Según el Instituto Nacional de Estadística, más de 3,2 millones de ciudadanos españoles residen hoy en el exterior (PERE, 1 de enero de 2026). Nunca antes, en democracia, España había contado con una comunidad nacional de semejante dimensión desarrollando su vida profesional, académica, empresarial y familiar más allá de sus fronteras.
Sin embargo, el modelo institucional apenas ha evolucionado para responder a esa nueva realidad.
Los españoles por el mundo continúan siendo considerados, desde el punto de vista electoral, una prolongación administrativa de las provincias de origen, cuando su experiencia vital, sus necesidades y el conocimiento que acumulan responden a una realidad completamente distinta.
No se trata de recuperar instituciones del pasado.
Se trata de recuperar una intuición política que España supo comprender durante cuatro siglos: cuanto mayor es la distancia entre el ciudadano y el centro de decisión, mayor debe ser la calidad de las instituciones que permiten mantener ese vínculo.
La historia demuestra que la fortaleza de un Estado nunca ha dependido únicamente de la extensión de su territorio, sino de la calidad de las instituciones capaces de integrar realidades diferentes dentro de un mismo proyecto político.
Ese desafío vuelve hoy a plantearse, aunque bajo formas muy distintas.
Ya no se trata de administrar territorios distribuidos por varios continentes, sino de integrar plenamente a una comunidad nacional que desarrolla su vida más allá de las fronteras del Estado.
Otros países europeos han comenzado a responder a esa realidad adaptando sus instituciones al siglo XXI. Francia e Italia han comprendido que una comunidad nacional residente en el exterior no constituye un problema administrativo, sino un activo político, económico y estratégico.
España todavía está a tiempo de incorporarse a esa reflexión.
III. Francia e Italia: cuando la ciudadanía exterior se convierte en representación política
Una tendencia institucional en las democracias contemporáneas
Otros Estados ya han comenzado a responder a esta nueva realidad. No mirando hacia el pasado, sino adaptando sus instituciones al presente. Han comprendido que una comunidad nacional que desarrolla su vida más allá de las fronteras del Estado no constituye un problema administrativo, sino una realidad política con implicaciones económicas, sociales y estratégicas.
Lejos de constituir una singularidad francesa o italiana, la representación parlamentaria específica de la ciudadanía residente en el exterior forma parte de una tendencia institucional presente en diversas democracias. Portugal, Rumanía, Croacia, Lituania, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Argelia, Cabo Verde o Macedonia del Norte, entre otros, han incorporado fórmulas de representación específica para sus comunidades nacionales residentes más allá del territorio del Estado.
Francia e Italia no son, por tanto, una rareza institucional. Constituyen, probablemente, los dos modelos europeos más desarrollados de una cuestión que un número creciente de democracias ha comenzado a afrontar: cómo representar políticamente a una ciudadanía nacional cuya vida ya no se desarrolla exclusivamente dentro de las fronteras del país.
Francia e Italia: dos modelos consolidados
Francia expresa esa realidad mediante una fórmula institucional precisa: les Français établis hors de France. Los franceses establecidos fuera de Francia no son considerados únicamente votantes ausentes, sino ciudadanos integrados en una estructura representativa propia. La Constitución francesa reconoce expresamente su representación en la Asamblea Nacional y en el Senado. Desde 2012, la Asamblea Nacional cuenta con once diputados elegidos por circunscripciones exteriores, distribuidas por grandes regiones del mundo.
Italia utiliza una expresión todavía más sugerente: Circoscrizione Estero. No habla simplemente de voto exterior. Habla de una circunscripción exterior. Es decir, convierte la presencia italiana en el mundo en una realidad electoral con representación propia. Tras la reforma constitucional de 2020, el Parlamento italiano cuenta con ocho diputados y cuatro senadores elegidos por los italianos residentes en el exterior, agrupados en cuatro grandes áreas geográficas: Europa; América Meridional; América Septentrional y Central; y África, Asia, Oceanía y la Antártida.
La diferencia con España resulta evidente.
Mientras que en España el voto de los ciudadanos residentes en el exterior continúa integrado en las circunscripciones provinciales, Francia e Italia reconocen que la ciudadanía establecida más allá de sus fronteras constituye una comunidad política diferenciada y le atribuyen representantes propios elegidos directamente por ella.
Mucho más que representantes del voto exterior
Esta diferencia no es únicamente técnica. Refleja dos formas distintas de entender la relación entre ciudadanía, territorio y representación política.
El modelo español continúa considerando el voto exterior como una prolongación administrativa del mapa provincial interior. Los modelos francés e italiano parten de una premisa distinta: quienes desarrollan su vida más allá de las fronteras del Estado poseen necesidades específicas, experiencias propias y un conocimiento acumulado que merece una representación institucional diferenciada.
Esa representación no tiene un carácter simbólico. Los diputados franceses de los Français établis hors de France y los parlamentarios italianos de la Circoscrizione Estero participan plenamente en la actividad de sus respectivos parlamentos. Votan leyes, intervienen en las comisiones parlamentarias, controlan la acción del Gobierno y trasladan al debate político cuestiones relacionadas con los servicios consulares, la educación, la fiscalidad internacional, las pensiones, la protección social, la documentación, la movilidad, el retorno, el ejercicio del derecho de sufragio o la asistencia a los ciudadanos en situaciones de crisis.
Su función, sin embargo, va mucho más allá de la defensa de intereses particulares.
Mantienen un contacto permanente con consulados, cámaras de comercio, asociaciones culturales, universidades, empresas, investigadores, profesionales y comunidades nacionales organizadas dentro de sus respectivas circunscripciones. Gracias a esa presencia continuada, incorporan al Parlamento información directa sobre la evolución económica, social, científica y política de los países donde residen sus ciudadanos, trasladando al centro de decisión una experiencia que difícilmente podría obtenerse exclusivamente a través de los canales administrativos tradicionales.
Ahí reside, probablemente, la principal innovación de estos modelos.
No han creado únicamente un procedimiento para facilitar el voto desde el extranjero. Han construido un mecanismo institucional que permite que la experiencia acumulada por millones de ciudadanos retorne al Parlamento y al Gobierno en forma de conocimiento útil para la elaboración de las políticas públicas.
La gran lección comparada
En Francia, esta representación parlamentaria se integra además en una red institucional más amplia formada por los consejeros consulares y la Asamblea de los Franceses del Exterior. En Italia, los COMITES y el Consejo General de los Italianos en el Exterior cumplen funciones similares. Los representantes parlamentarios no actúan de forma aislada, sino coordinados con instituciones que canalizan necesidades, identifican problemas, mantienen un diálogo permanente con las comunidades nacionales y favorecen una retroalimentación constante entre la ciudadanía residente en el exterior y el Estado.
Esa es, probablemente, la principal enseñanza que ofrece el Derecho comparado.
Una comunidad nacional que desarrolla su vida más allá de las fronteras puede ser considerada una simple cuestión administrativa o puede convertirse en una fuente permanente de conocimiento, experiencia e inteligencia institucional para el conjunto del Estado.
Francia e Italia han optado por la segunda vía.
España, por ahora, sigue instalada en la primera.
IV. Mucho más que representación: la inteligencia institucional de un Estado
La España por el mundo como activo estratégico
Reducir la representación política de los ciudadanos residentes en el exterior al simple ejercicio del derecho de voto supone quedarse únicamente en la superficie del problema. La verdadera cuestión consiste en preguntarse qué pierde un Estado cuando renuncia a incorporar, de manera organizada y permanente, la experiencia acumulada por millones de ciudadanos que desarrollan diariamente su vida profesional y personal más allá de sus fronteras.
La España del siglo XXI dispone, probablemente sin haber tomado plena conciencia de ello, de una de las mayores redes internacionales de conocimiento de su historia. Más de 3,2 millones de ciudadanos españoles viven repartidos por prácticamente todos los continentes. Entre ellos se encuentran investigadores, profesores universitarios, médicos, ingenieros, científicos, empresarios, trabajadores cualificados, artistas, diplomáticos, cooperantes, estudiantes y profesionales de prácticamente todos los sectores económicos.
Cada uno de ellos conoce de primera mano el funcionamiento de otras administraciones públicas, otros sistemas educativos, otros modelos sanitarios, otras políticas industriales, otros sistemas fiscales, otros mercados laborales y otras formas de organizar la convivencia democrática. Esa experiencia comparada les permite evaluar de manera cotidiana qué políticas funcionan, cuáles fracasan y qué soluciones podrían resultar útiles para afrontar problemas semejantes en España.
Ese conocimiento rara vez llega de forma estructurada a las instituciones del Estado. Sin embargo, constituye uno de los recursos estratégicos más valiosos de los que puede disponer cualquier democracia avanzada.
Quienes viven por el mundo comparan inevitablemente instituciones, administraciones, universidades, sistemas judiciales, modelos empresariales, políticas sociales, mecanismos de innovación, estrategias para atraer inversión y talento, sistemas de investigación y formas de organizar la convivencia democrática. Esa capacidad de comparación constituye un conocimiento extraordinariamente valioso para cualquier Parlamento que aspire no solo a legislar sobre el presente, sino también a anticipar el futuro.
Del conocimiento disperso a la inteligencia institucional
Desde esa perspectiva, la representación parlamentaria de la España por el mundo adquiere una dimensión completamente distinta. Sus representantes no deberían limitarse a trasladar reivindicaciones consulares o problemas administrativos, por importantes que estos sean. Su principal aportación consistiría en incorporar al debate parlamentario experiencias contrastadas sobre innovación tecnológica, competitividad económica, investigación científica, formación universitaria, transición energética, digitalización administrativa, emprendimiento, comercio internacional, diplomacia pública, cooperación internacional o relaciones económicas con otras regiones del mundo.
En una economía donde el conocimiento constituye uno de los principales factores de desarrollo, la mayor riqueza de un país ya no reside únicamente en la extensión de su territorio o en el volumen de sus recursos materiales. Reside también en la experiencia acumulada por sus ciudadanos allí donde viven, trabajan, investigan, crean empresas, desarrollan nuevas tecnologías o generan redes internacionales de cooperación.
Francia e Italia parecen haber comprendido esta realidad. España cuenta igualmente con millones de ciudadanos repartidos por el mundo que constituyen uno de sus mayores activos estratégicos nacionales. Sin embargo, ese extraordinario patrimonio de conocimiento, experiencia profesional, capacidad empresarial, redes internacionales, influencia cultural y visión comparada continúa, en gran medida, diluyéndose sin cauces institucionales estables que permitan incorporarlo al proceso de decisión política.
La cuestión, en definitiva, no consiste únicamente en ampliar la representación democrática. Consiste en dotar al Estado de un sistema permanente de retroalimentación institucional capaz de trasladar al Gobierno y a las Cortes Generales la experiencia acumulada por millones de españoles repartidos por el mundo y transformarla en conocimiento compartido; ese conocimiento en potenciales decisiones públicas; y esas decisiones en auténticas políticas de Estado al servicio del interés general.
En el siglo XXI, el conocimiento constituye uno de los principales recursos estratégicos de cualquier país. Desaprovechar la inteligencia colectiva de una parte tan significativa de la propia Nación supone una pérdida comparable a la de cualquier otro recurso estratégico mal gestionado. Es una dilapidación silenciosa de talento, experiencia, relaciones internacionales, capacidad de influencia y conocimiento acumulado que ningún Estado con vocación de futuro debería permitirse.
Quizá el mayor error no sea que millones de españoles desarrollen su vida más allá de nuestras fronteras.
El verdadero error sería seguir permitiendo que todo ese caudal de conocimiento se pierda sin regresar al servicio del interés general.
Porque la verdadera riqueza estratégica de una Nación no termina donde acaban sus fronteras. Continúa allí donde viven, trabajan, investigan, emprenden, enseñan y crean sus propios ciudadanos.
La inteligencia de un Estado no consiste únicamente en saber gobernar su territorio. Consiste, sobre todo, en saber incorporar al proyecto nacional el talento, la experiencia y el conocimiento de todos sus ciudadanos, allí donde se encuentren.
En el siglo XIX, la riqueza de un Estado se medía principalmente por la extensión de su territorio; en el XX, por la fortaleza de su economía; en el XXI, cada vez más, por su capacidad para movilizar el conocimiento de toda su Nación.
V. España ya dispone de los cimientos
Cuarenta años construyendo una red institucional
España no parte de cero.
Mucho antes de que otros países comenzaran a reflexionar sobre la representación política de sus ciudadanos residentes en el exterior, España había construido ya una importante red institucional destinada a mantener el vínculo con esa comunidad.
Los primeros Consejos de Residentes Españoles (CRE) comenzaron a funcionar a finales de la década de 1980 y hoy se encuentran regulados por el Real Decreto 1960/2009, en desarrollo de la Ley 40/2006, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. Se trata de órganos elegidos democráticamente por los españoles inscritos en cada demarcación consular cuya misión consiste en canalizar sus necesidades, formular propuestas y servir de interlocutores ante las oficinas consulares.
Sobre esa estructura se consolidó posteriormente el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), creado por la Ley 40/2006 y regulado por el Real Decreto 230/2008 como órgano consultivo y asesor del Gobierno. A ello se suma una amplia red integrada por consulados, oficinas económicas y comerciales, el Instituto Cervantes, las Consejerías de Educación y de Trabajo, ICEX, cámaras de comercio, universidades, asociaciones y casas regionales repartidas por numerosos países.
Todo ello demuestra una realidad que con frecuencia pasa desapercibida. España reconoció hace décadas que sus ciudadanos por el mundo tienen necesidades específicas y creó instituciones destinadas a mantener el vínculo con ellos. Lo que todavía no ha reconocido plenamente es que esa misma comunidad constituye también una fuente permanente de conocimiento estratégico para el Estado.
Los CRE detectan problemas y trasladan propuestas. El CGCEE formula recomendaciones e informes. Los consulados prestan asistencia y protección. El Instituto Cervantes proyecta nuestra lengua y nuestra cultura. ICEX impulsa la internacionalización de las empresas españolas. Las oficinas económicas, las universidades, las cámaras de comercio y el conjunto de esa red institucional generan diariamente una información de enorme valor sobre los países donde España está presente.
Cuando la información no llega a la decisión pública
Existe, por tanto, una inmensa cantidad de información, experiencia y conocimiento distribuida por todo el mundo. Sin embargo, esa inteligencia colectiva rara vez llega de forma estructurada al lugar donde finalmente se elaboran las leyes y se diseñan las grandes políticas públicas: las Cortes Generales.
El problema no reside en la ausencia de instituciones. Tampoco en la falta de información. El verdadero problema es la ausencia de un mecanismo permanente que permita integrar todo ese conocimiento en el proceso ordinario de decisión pública.
Durante casi cuarenta años, España ha ido construyendo una red extraordinariamente valiosa de órganos consultivos, administrativos, culturales y económicos. Sin embargo, esa red continúa funcionando, en gran medida, de manera paralela al proceso legislativo y a la formulación de las grandes políticas del Estado.
Es como si España hubiera construido cuidadosamente un sofisticado sistema nervioso capaz de captar información procedente de todos los rincones del mundo, pero hubiera dejado incompleto el circuito institucional que permitiera convertir esa información en conocimiento para compartir, ese conocimiento en potenciales decisiones públicas y esas decisiones en auténticas políticas de Estado.
La cuestión, por tanto, no consiste en crear nuevas instituciones, sino en culminar un proceso iniciado hace casi cuatro décadas. España ya dispone de buena parte de los instrumentos necesarios. Lo que todavía falta es completar el circuito institucional que permita transformar la experiencia acumulada por millones de españoles por el mundo en una fuente permanente de inteligencia estratégica al servicio del interés general.
La España por el mundo no necesita ser inventada.
Necesita ser plenamente integrada en la arquitectura institucional de la España del siglo XXI.
VI. Completar la arquitectura institucional
Un modelo español para una realidad española
Francia creó los députés des Français établis hors de France. Italia desarrolló la Circoscrizione Estero. Ambos países llegaron, por caminos históricos diferentes, a una conclusión semejante: una parte de la Nación desarrolla hoy su vida más allá de las fronteras del Estado y esa realidad merece una respuesta institucional propia.
España no necesita reproducir ninguno de esos modelos. Necesita construir el suyo y, sobre todo, aprovechar una ventaja de la que ni Francia ni Italia dispusieron cuando iniciaron sus respectivas reformas. España ya cuenta con una extensa red de instituciones y organismos dedicados a la ciudadanía residente en el exterior. Los Consejos de Residentes Españoles, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, la red consular, el Instituto Cervantes, ICEX, las Oficinas Económicas y Comerciales, las Consejerías de Educación y Trabajo, las universidades, las asociaciones de españoles y las cámaras de comercio constituyen una base institucional consolidada durante décadas.
La incorporación de una representación parlamentaria específica permitiría culminar esa evolución institucional. No se trataría de crear un nuevo nivel administrativo ni de multiplicar organismos, sino de conectar entre sí estructuras que ya existen para que la información, la experiencia y las propuestas procedentes de la España por el mundo pudieran incorporarse de forma estable al proceso legislativo y a la elaboración de las políticas públicas.
Una representación proporcionada y funcional
La dimensión de esa comunidad justifica, por sí sola, abrir una reflexión institucional. Con más de 3,2 millones de ciudadanos inscritos en el PERE, la España por el mundo constituye una realidad nacional de una magnitud demográfica comparable a la de algunas de las comunidades autónomas españolas. Sin embargo, continúa sin disponer de una representación parlamentaria propia que permita incorporar de forma estable esa experiencia al funcionamiento ordinario de las Cortes Generales.
Considerando que la comunidad española por el Mundo es superior a los 3,2 millones de ciudadanos, cualquier modelo de representación específica debería situarse necesariamente en un orden de magnitud comparable al de otras realidades demográficas ya presentes en nuestras instituciones. La determinación del número definitivo de representantes corresponde, naturalmente, al legislador. No obstante, una horquilla aproximada de ocho diputados y dos senadores permite visualizar una solución equilibrada, suficiente para garantizar una representación efectiva y, al mismo tiempo, plenamente compatible con la estabilidad institucional del sistema parlamentario español.
La experiencia comparada demuestra que esta representación resulta más eficaz cuando se organiza sobre grandes circunscripciones internacionales que responden a realidades geográficas, económicas y culturales diferenciadas. Europa, América, África y Oriente Medio, o Asia y Oceanía constituyen espacios suficientemente definidos para mantener un contacto permanente con las comunidades españolas y, al mismo tiempo, suficientemente amplios para ofrecer una visión estratégica de cada una de esas regiones del mundo. Su delimitación definitiva correspondería, naturalmente, al legislador, atendiendo a la distribución real de la ciudadanía española y a su evolución demográfica.
Del mismo modo, resultaría razonable que quienes asumieran esa representación acreditaran un conocimiento directo de la circunscripción por la que concurren. La experiencia profesional, académica, empresarial o social desarrollada en esa región constituiría un elemento especialmente valioso, no como requisito formal, sino como garantía de una comprensión real de la comunidad española y del entorno político, económico y cultural en el que desarrolla su actividad.
De la representación a la inteligencia institucional
Su función tampoco debería agotarse en la actividad parlamentaria ordinaria. La experiencia francesa e italiana demuestra que estos representantes mantienen un contacto permanente con sus circunscripciones mediante reuniones periódicas con ciudadanos, asociaciones, empresas, universidades, centros de investigación, consulados, cámaras de comercio y organizaciones de la sociedad civil. Esa presencia continuada les permite trasladar al Parlamento no solo problemas administrativos o necesidades consulares, sino también tendencias económicas, oportunidades de cooperación, experiencias innovadoras y transformaciones sociales que difícilmente pueden apreciarse desde la administración central.
La aportación de la España por el mundo tampoco debería medirse exclusivamente por el lugar donde sus ciudadanos presentan su declaración tributaria. Su verdadera contribución se manifiesta en la apertura de mercados, la creación de redes profesionales y científicas, la internacionalización de las empresas españolas, la transferencia de conocimiento, la innovación, la proyección cultural y la capacidad de conectar a España con otras sociedades. En una economía basada en el conocimiento, esa riqueza resulta mucho más difícil de cuantificar que un ingreso fiscal, pero constituye uno de los activos estratégicos más valiosos de cualquier Estado moderno.
La representación parlamentaria de la España por el mundo no debería concebirse exclusivamente como un instrumento de participación electoral. Debería convertirse en un mecanismo permanente de retroalimentación institucional que permitiera transformar la experiencia acumulada por millones de ciudadanos en conocimiento compartido; ese conocimiento en potenciales decisiones públicas; y esas decisiones en auténticas políticas de Estado al servicio del interés general.
Desde una perspectiva jurídica, la implantación de un modelo semejante requeriría, previsiblemente, una adaptación del actual sistema de representación previsto en el artículo 68 de la Constitución. Sin embargo, incluso antes de abordar una eventual reforma constitucional, sería posible avanzar reforzando las funciones del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, estableciendo mecanismos estables de comparecencia parlamentaria, mejorando la coordinación con los Consejos de Residentes Españoles e incorporando de forma sistemática la información procedente de la España por el mundo a los trabajos de las comisiones parlamentarias.
Completar esa evolución institucional no supondría únicamente una mejora de la representación democrática. Supondría dotar al Estado de un instrumento permanente para transformar la experiencia internacional de millones de españoles en inteligencia institucional, fortaleciendo la calidad de las decisiones públicas y proyectando una España más abierta, más conectada y mejor preparada para afrontar los desafíos del siglo XXI.
VII. Una Nación que aprende de sí misma
La España del siglo XXI
Las instituciones sobreviven cuando son capaces de adaptarse a la realidad que pretenden servir. La España del siglo XXI ya no es la misma que diseñó la Constitución de 1978 ni la misma que vio desaparecer su presencia ultramarina en 1898. Millones de ciudadanos españoles desarrollan hoy su vida profesional, académica, empresarial y familiar en otros países, formando una comunidad nacional cuya dimensión y potencial carecen de precedentes en nuestra historia democrática. Esa transformación no constituye un fenómeno pasajero ni una anomalía demográfica; forma parte de la nueva realidad de España en un mundo profundamente interconectado.
La cuestión, por tanto, no consiste únicamente en garantizar el ejercicio del derecho de sufragio desde el exterior. Consiste en decidir si España desea incorporar de manera permanente al proceso de elaboración de sus políticas públicas el conocimiento acumulado por una parte significativa de su propia Nación. Cada investigador, cada empresario, cada trabajador, cada docente, cada científico o cada estudiante español que vive por el mundo conoce diariamente otras formas de administrar, innovar, producir, educar o competir. Esa experiencia constituye un patrimonio colectivo cuyo valor aumenta precisamente porque ha sido adquirido fuera de nuestras fronteras y porque puede regresar para enriquecer el futuro de nuestro país.
Las democracias más sólidas no son únicamente aquellas que representan a sus ciudadanos. Son aquellas capaces de aprender de ellos. En un contexto internacional donde el conocimiento constituye uno de los principales recursos estratégicos de las naciones, transformar esa experiencia dispersa en inteligencia institucional representa una oportunidad extraordinaria para mejorar la calidad de las decisiones públicas, fortalecer la acción exterior de España y anticipar los grandes cambios económicos, tecnológicos y sociales que marcarán las próximas décadas.
Un proyecto de país
La propuesta desarrollada en estas páginas no pretende abrir un debate sobre privilegios ni sobre ventajas para quienes residen fuera de España. Pretende invitar a una reflexión más amplia sobre la forma en que una Nación moderna aprovecha todos los recursos de los que dispone. La España por el mundo no constituye únicamente una comunidad electoral; constituye una comunidad de conocimiento, experiencia, relaciones internacionales, innovación y capacidad de proyección que puede enriquecer al conjunto del país si se crean las instituciones adecuadas para ello.
La historia demuestra que las naciones que mejor afrontan los desafíos del futuro no son necesariamente las más extensas ni las más pobladas. Son aquellas capaces de reconocer el valor de todos sus ciudadanos y de integrar su talento en un proyecto común. España ya dispone de ese talento. Lo que todavía tiene pendiente es culminar las instituciones que permitan incorporarlo plenamente a la vida pública y convertirlo en una auténtica política de Estado.
Durante siglos, España supo proyectarse hacia el mundo a través de sus territorios. En el siglo XXI puede volver a hacerlo a través de sus ciudadanos.
Porque una Nación nunca pierde a sus ciudadanos cuando cruzan la frontera.
Solo empieza a perderlos cuando deja de contar con ellos.
