De votos dispersos a comunidad política: una propuesta para la representación de los españoles por el mundo
I. Un debate descarrilado
El cálculo electoral frente al debate de Estado
El debate no es irrelevante. Es incluso necesario. Pero ha descarrilado desde el primer momento al quedar atrapado en el cálculo electoral.
Las grandes reformas institucionales rara vez nacen de un cálculo electoral. Suelen surgir cuando una sociedad descubre que las instituciones que durante décadas dieron respuesta a una determinada realidad ya no son capaces de responder a los cambios del presente. Paradójicamente, el reciente debate abierto en España sobre la denominada «Ley de Nietos» parece haber seguido el camino contrario.
Las críticas formuladas en las últimas semanas por el Partido Popular y Vox respecto a la ampliación del número de ciudadanos españoles con derecho de sufragio no parecen partir de una reflexión constitucional sobre la representación política de la ciudadanía española residente en el exterior. Todo indica que responden, más bien, al miedo escénico que produce la posibilidad de que la ampliación del cuerpo electoral altere futuros equilibrios parlamentarios.
La paradoja resulta difícil de ignorar. Durante décadas, el Partido Popular —y anteriormente Alianza Popular— defendió activamente el reconocimiento de la nacionalidad para los descendientes de españoles emigrados y desarrolló una intensa actividad política en países con importantes comunidades españolas, especialmente en Argentina, Uruguay, Cuba y Venezuela. El propio Alberto Núñez Feijóo defendía en Argentina, en 2022, facilitar el acceso a la nacionalidad de los descendientes de españoles y mejorar la participación política de los residentes en el exterior.
No parece haber cambiado el principio.
Lo que parece haber cambiado es la confianza del Partido Popular en la solidez de su propio proyecto de gobierno y en su capacidad para convencer también a esa nueva ciudadanía española.
Sin embargo, reducir esta cuestión a un enfrentamiento coyuntural entre Gobierno y oposición supondría desaprovechar una oportunidad histórica.
La verdadera dimensión del problema
El verdadero debate no consiste en preguntarse si los españoles residentes en el exterior deben votar. Ese derecho deriva de su propia condición de ciudadanos españoles y forma parte del principio democrático reconocido por nuestra Constitución.
La verdadera cuestión es otra.
¿Tiene sentido que una comunidad nacional formada por más de 3,2 millones de ciudadanos españoles inscritos en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE, Instituto Nacional de Estadística, 1 de enero de 2026) continúe integrada electoralmente en circunscripciones provinciales concebidas para una realidad territorial completamente distinta?
No estamos hablando únicamente de ciudadanos que ejercen su derecho de voto desde otro país.
Estamos hablando de investigadores, empresarios, trabajadores, profesores, médicos, ingenieros, artistas, estudiantes y profesionales que desarrollan diariamente su vida entre distintas culturas, distintos sistemas jurídicos, distintas economías y distintas formas de entender la organización de un Estado.
También acumulan conocimiento, experiencia internacional, capacidad de comparación institucional y una visión privilegiada de otras sociedades que pueden enriquecer el debate público y mejorar las decisiones del Gobierno y de las Cortes Generales.
Quizá haya llegado el momento de abandonar un debate condicionado por el miedo electoral para abrir otro mucho más ambicioso.
No cómo impedir que voten más españoles.
Sino cómo integrar políticamente, de manera activa, a los españoles por el mundo en el proyecto colectivo de la España del siglo XXI, convirtiendo su experiencia, su conocimiento y su capacidad de observación internacional en un auténtico activo estratégico para el Estado.
Ese es, probablemente, el verdadero debate que España lleva demasiado tiempo posponiendo.
II. Las Españas: una memoria institucional olvidada
Una Nación organizada más allá de sus fronteras
Para comprender el desafío que hoy plantea la representación de la ciudadanía española residente en el exterior conviene hacer un ejercicio poco habitual: mirar hacia atrás.
Durante cuatro siglos, España no fue únicamente la España peninsular.
Fue también las Españas.
Una comunidad política articulada a ambos lados del Atlántico y del Pacífico, distribuida por cuatro continentes y unida no solo por la Corona, sino también por una compleja arquitectura institucional que permitió gobernar uno de los espacios políticos más extensos de la historia moderna.
Virreinatos, Audiencias, Capitanías Generales, Cabildos y Consejos no eran simples divisiones administrativas. Constituían una auténtica red de gobierno, información y comunicación entre los distintos territorios y la Corona. Cada uno de ellos transmitía de forma permanente su realidad económica, social, militar y jurídica. La distancia no se resolvía ignorando las diferencias; se resolvía creando instituciones capaces de comprenderlas y trasladarlas al centro de decisión.
La Constitución de Cádiz de 1812 definía con extraordinaria claridad esa concepción política al afirmar que «la Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios». Aquella formulación constitucional reconocía una realidad que iba mucho más allá del territorio peninsular: la existencia de una comunidad política integrada por ciudadanos que compartían una misma Nación aunque desarrollaran su vida en espacios geográficos muy distintos.
Todo aquel sistema desapareció definitivamente tras la guerra hispano-estadounidense de 1898 y la pérdida de las últimas grandes posesiones ultramarinas. Con él desapareció también la necesidad de administrar una comunidad nacional repartida por varios continentes.
Un desafío que vuelve a ser actual
La Constitución de 1978 nació en un contexto completamente diferente. España acababa de recuperar la democracia y su prioridad era consolidar un Estado constitucional moderno, ter