Segundo capítulo sobre nacionalidad, memoria y el derecho a pertenecer plenamente.
En «Españoles para todo, salvo para votar» planteábamos el problema de restringir el voto a un colectivo cuya nacionalidad continúa vigente. Ahora debemos añadir otra dimensión. La ejecución de esa medida puede convertirse en una carrera de obstáculos administrativos y, al mismo tiempo, herir el vínculo que el reconocimiento de la nacionalidad pretendía recuperar.
Pero ese vínculo merece algo más que una denuncia. Merece que defendamos una España capaz de reconocer a sus descendientes, escucharles y garantizarles una participación plena, conforme a la ley y en condiciones de igualdad.
La nacionalidad debería abrir una puerta a la pertenencia. Quien la atraviesa no debería encontrar una bienvenida a medias.
De la decisión judicial al expediente consular
Según EL PAÍS, Exteriores ha trasladado instrucciones para distinguir los expedientes con acreditación del exilio de aquellos que aplicaron la presunción. La Asociación de Diplomáticos Españoles reclama más recursos para afrontar esa tarea.
Revisar expedientes existentes no equivale, por sí solo, a exigir nuevos documentos a cada ciudadano. Pero abre una cuestión decisiva. ¿Qué ocurrirá con quien no obtenga a tiempo la comprobación necesaria por una demora que no depende de ella o de él?
El calendario electoral no espera a que la Administración termine su trabajo. Si el procedimiento se prolonga, la incertidumbre puede transformarse en una oportunidad de participación definitivamente perdida.
Los funcionarios no pueden resolverlo todo con más esfuerzo
Quien tramita un expediente no ha diseñado la medida judicial ni dispone de recursos ilimitados para ejecutarla. Dirigir contra el personal consular la frustración de los afectados sería injusto y desviaría la atención del problema.
A los órganos que deciden les corresponde valorar si lo que ordenan puede ejecutarse, con qué medios y a costa de qué derechos. La viabilidad material importa especialmente cuando una demora puede dejar a alguien fuera de unas elecciones.
El coste alcanza también a otros ciudadanos
La revisión consume horas de trabajo, recursos técnicos y dinero público. Sin medios adicionales suficientes, esa dedicación puede retrasar otras funciones consulares, incluidas necesidades urgentes.
El perjuicio potencial no se limita, por tanto, a quienes tienen suspendido el ejercicio del voto. También puede alcanzar a quienes necesitan documentación, asistencia o una respuesta administrativa para resolver una question de ámbito personal.
Una resolución judicial debe examinarse también por las consecuencias de su ejecución. Trasladar el trabajo a otra institución no hace desaparecer su coste.
Una cautelar puede producir un daño irreversible
La legislación contencioso-administrativa exige ponderar los intereses en conflicto al resolver sobre medidas cautelares. Esa valoración debe considerar tanto el riesgo que se pretende evitar como las consecuencias de la propia medida. Así lo establece el artículo 130 de la ley reguladora de esta jurisdicción.
Llamar «temporal» a una restricción no garantiza que todos sus efectos puedan repararse.
Nadie puede votar ayer
Si una persona queda excluida de unas elecciones y posteriormente obtiene una resolución favorable, podrá recuperar el ejercicio de su derecho para el futuro. Pero su participación en aquella elección habrá desaparecido.
No existe una urna retroactiva. Tampoco una sentencia capaz de incorporar, años después, aquel voto al resultado que debió contribuir a formar.
Precisamente por eso, la cautela judicial debe alcanzar también al daño que el propio tribunal puede causar.
Si el Supremo considera imprescindible esta restricción, debe justificar con hechos acreditados tanto el peligro que pretende evitar como el perjuicio que puede provocar. La necesidad y la proporcionalidad de una medida semejante deben demostrarse, no presumirse.
Defenderse debe servir para algo y llegar a tiempo
El artículo 24 de la Constitución reconoce la tutela judicial efectiva y prohíbe la indefensión. El artículo 23 protege la participación política. Ambos derechos obligan a tomarse en serio la posibilidad de una defensa que produzca un resultado útil. Constitución española.
Para cada afectado, eso exige poder conocer su situación, discutir los errores que le perjudiquen y disponer de mecanismos efectivos para defender sus derechos. Una reclamación que solo obtenga respuesta cuando las elecciones hayan terminado puede resultar insuficiente para proteger la participación perdida.
Escuchar a quienes van a sufrir las consecuencias de una decisión judicial no es una concesión del tribunal. Es una garantía esencial de la justicia.
Detrás de cada expediente hay una historia de España
La discusión jurídica no debería hacernos olvidar a las personas. Entre los descendientes que recuperan el vínculo con España hay historias de persecución, de miedo y de separación familiar. También historias de pobreza y de una búsqueda de oportunidades que, en ocasiones, fue una necesidad de supervivencia.
No todas las salidas tuvieron las mismas causas. Exilio y emigración económica tampoco son categorías jurídicas equivalentes. Pero reconocer esas diferencias no obliga a ignorar lo que pudieron tener en común.
También el hambre puede obligar a marcharse
Hay una distancia enorme entre partir por deseo de aventura y hacerlo porque no se encuentra cómo alimentar a los hijos. Que una salida no se produzca bajo una orden de expulsión no significa que esté libre de coacción material.
También el hambre puede expulsar de una tierra. Que no dicte sentencias ni vista uniforme no convierte en plenamente voluntaria la marcha de quien se va para sobrevivir.
Comprender esa realidad no sustituye los requisitos legales. Ayuda a entender la dimensión humana de una nacionalidad que, para algunos descendientes, enlaza con una separación familiar ocurrida hace varias generaciones.
Un pasaporte puede contener mucho más que un permiso para viajar
Para algunos, adquirir la nacionalidad puede significar recuperar un vínculo conservado mediante nombres, fotografías, costumbres y relatos familiares. Confirmar que aquella España de la que hablaban sus padres o abuelos también forma parte de su propia vida.
Ese reconocimiento puede producir una alegría íntima. La de sentir que la distancia no había borrado la pertenencia y que el país de sus mayores volvía a abrirles la puerta.
Para otros, además, puede ofrecer una posibilidad de futuro ante las dificultades del lugar en el que nacieron. Una emigración en sentido inverso, hacia la tierra de la que partió su familia.
No necesitamos atribuir a todos la misma motivación. La diversidad de sus razones no hace menos valiosa su ciudadanía ni menos dignos de respeto sus derechos.
Una bienvenida que pueda cumplirse
Mantener la nacionalidad mientras se restringe el ejercicio del voto puede transmitir un mensaje doloroso a quien celebró su reconocimiento como un reencuentro. Puede hacerle sentir que pertenece al país, pero que su participación en las decisiones comunes sigue bajo sospecha.
Ese sentimiento no debe convertirse en un destino inevitable. Todavía es posible responder con garantías, procedimientos efectivos y decisiones que valoren de verdad las consecuencias para las personas.
La igualdad también se construye en la Administración
Defender los derechos exige dotar a los consulados de medios, ofrecer información comprensible y evitar que una demora administrativa decida quién puede ejercerlos a tiempo.
Exige también que las comprobaciones sean precisas y que cada afectado pueda conocer y discutir aquello que le perjudica. La seguridad jurídica se fortalece cuando el ciudadano entiende qué sucede y dispone de una posibilidad real de defenderse.
Ni el lugar donde se conserva un expediente ni la acumulación de trabajo en una oficina deberían determinar la efectividad de un derecho fundamental.
Una España que sepa reencontrarse
Podríamos terminar recordando las dos Españas de Machado. Pero prefiero pensar en la España que todavía podemos construir entre todos. Una que conozca sus heridas sin condenar a los descendientes a heredarlas. Una que transforme la memoria en reconocimiento y el reconocimiento en igualdad efectiva.
La historia de quienes se marcharon también es historia de España. Sus descendientes pueden aportar nuevas experiencias, acentos y maneras de mirar un país que también es suyo.
España no pierde nada, sino sigue ganando, cuando quienes ya son españoles pueden ejercer sus derechos con todas las garantías. Gana una ciudadanía más libre, más segura de su pertenencia y más capaz de participar en un futuro común.
