Los imperios yerran al confundir un gobierno con una civilización.
España 1808. Cuando Napoleón confundió una Corona con una nación
En 1808, Napoleón cometió en España uno de los mayores errores estratégicos de toda su carrera. La monarquía borbónica estaba agotada, desprestigiada y profundamente desconectada del país real. La corte se había convertido en un espacio de intrigas, decadencia y cesiones dinásticas, mientras Fernando VII terminaba entregando la Corona española en Bayona a cambio de protección y compensaciones económicas que, comparadas con la dimensión del Imperio español, equivalían prácticamente a un puñado de monedas.
El nacimiento inesperado de la guerrilla
Todo parecía indicar que la ocupación francesa sería rápida. España no atravesaba precisamente un momento de fortaleza política ni militar y el propio Napoleón estaba convencido de que bastaría con reorganizar la cúspide del poder para controlar el país. Años después reconocería que la guerra de España había sido uno de los grandes errores de su vida, quizas el primero que arrastro a la caida del imperio frances napoleónico.
Napoleón confundió una crisis política con el agotamiento de una nación histórica. Confundió una dinastía desacreditada con la desaparición de una identidad colectiva. Confundió la cesión de una Corona con la rendición de un pueblo.
Y fue precisamente ahí donde comenzó su desastre.
Porque España era ya entonces una de las estructuras históricas más antiguas y cohesionadas de Europa, una potencia imperial cuya continuidad política, jurídica y cultural se extendía desde mas de tres siglos por América, el Pacífico y gran parte de lo que hoy son los Estados Unidos. El error de cálculo de Napoleón no fue militar sino cultural, político, estructural y, sobre todo, un profundo desconocimiento de la idiosincrasia española.
El pueblo español no admiraba precisamente a sus gobernantes. Los despreciaba. Los Borbones eran motivo de burla en plazas, tabernas y esquinas de medio país. Pero una cosa era reírse de sus propios reyes y otra muy distinta aceptar que una potencia extranjera pretendiera reorganizar España desde fuera.
La respuesta no fue planificada ni centralizada. Fue espontánea, viral, popular y tácticamente inesperada. De aquella reacción surgiría incluso una nueva forma de combate que terminaría transformando la guerra moderna: la guerrilla. Una humillación desencadenó el levantamiento de todo un pueblo.
Napoleón esperaba una ocupación. Encontró una nación.
Todavía hoy, en lugares como Hondarribia, permanecen restos negros del fuego sobre antiguos tejados de piedra, memoria silenciosa de la política de tierra quemada aplicada durante la retirada del ejército “liberador” francés.
Los imperios suelen cometer siempre el mismo error: creen que controlando élites, gobiernos o sucesiones controlan también la continuidad profunda de una nación.
Hoy 218 años después, algunas potencias parecen acercarse nuevamente a esa misma equivocación histórica.
Persia y el mismo error dos siglos después
Más de dos siglos después, algunas potencias parecen haber vuelto a cometer el mismo error histórico que Napoleón en España: confundir la crisis de un gobierno con el agotamiento de una civilización.
Según las revelaciones publicadas por The New York Times y posteriormente recogidas por diversos medios internacionales, Estados Unidos e Israel habrían diseñado una operación de cambio de régimen en Irán basada en un cálculo aparentemente sencillo: eliminar o desarticular la cúspide del poder iraní, provocar una fractura interna rápida y colocar una figura alternativa capaz de pilotar una nueva transición política.
Y ahí aparece uno de los elementos más sorprendentes de toda la operación: Mahmoud Ahmadinejad.
Ahmadinejad y la paradoja del cambio de régimen
La paradoja histórica es extraordinaria. El mismo dirigente que durante años fue presentado en Occidente como símbolo del radicalismo iraní habría sido contemplado por sectores estadounidenses e israelíes como posible figura de transición tras el colapso del régimen.
El razonamiento recuerda inquietantemente al error napoleónico en Bayona: creer que controlando determinadas figuras políticas, determinadas élites o determinadas sucesiones puede reorganizarse desde fuera la continuidad histórica de una nación antigua.
Según el relato publicado por The New York Times, la operación incluía incluso la supuesta liberación de Ahmadinejad de un arresto domiciliario de facto mediante una acción militar israelí sobre las inmediaciones de su residencia.
El operativo fracasó y dio paso a la fase militar.
Lo verdaderamente relevante no es únicamente el supuesto plan en sí. Lo relevante es el tipo de razonamiento histórico que revela.
El error vuelve a ser el mismo al confundir desgaste político con doblegación nacional.
Irán atraviesa tensiones profundas:
- económicas,
- religiosas,
- generacionales,
- sociales,
- y territoriales.
Como la España de 1808, no es precisamente un sistema armónico ni un bloque homogéneo. Existen descontento, divisiones internas y sectores enfrentados al poder establecido.
Pero una cosa es la crítica interna y otra muy distinta aceptar que una potencia extranjera reorganice desde fuera la estructura del país.
Ahí es donde muchas operaciones imperiales empiezan a desbarrar.
Persia —como España— no es un Estado de reciente creación ni artificialmente surgido de un reparto colonial. Tampoco es una construcción creada mediante la ocupación de territorios ajenos ni una identidad improvisada sobre el saqueo de pueblos nativos. Precisamente porque persas y españoles son los pueblos originarios de sus propias continuidades históricas, ambos países desarrollaron una conciencia nacional y cultural mucho más profunda que la simple existencia de un régimen político concreto.
Gobiernos, dinastías y sistemas pasan; la identidad histórica permanece.
Los imperios suelen cometer siempre el mismo error al creer que las sociedades reaccionarán únicamente en función de sus fracturas internas visibles. Pero en determinadas circunstancias ocurre exactamente lo contrario: la presión exterior reactiva capas profundas de identidad nacional, cultural e histórica que permanecían aparentemente dormidas.
Napoleón esperaba una ocupación sencilla y encontró una nación que se levantaba incluso mientras despreciaba a sus propios gobernantes.
Quizá algunas potencias contemporáneas estén redescubriendo, dos siglos después, el mismo error imperial sobre suelo persa.
Del ejército invasor a la penetración institucional
Las formas del poder cambian con el tiempo.
En 1808 las invasiones cruzaban fronteras con ejércitos. Hoy pueden hacerlo mediante inteligencia, datos, filtraciones, presión mediática y mecanismos de cooperación internacional cuya opacidad resulta muchas veces imposible de controlar incluso para los propios Estados afectados.
Cooperación internacional o recepción pasiva de información
El siglo XXI ya no necesita necesariamente ocupar físicamente una nación para condicionar su estabilidad política. A veces basta con penetrar sus circuitos institucionales, judiciales, informativos y narrativos.
Y es precisamente aquí donde el debate español adquiere una dimensión mucho más delicada de lo que aparenta.
Porque la cuestión ya no es únicamente qué pueda contener o no una conversación telefónica, ni siquiera la figura concreta de José Luis Rodríguez Zapatero. La cuestión verdaderamente importante es otra: cómo entra determinada información en el sistema judicial y policial español y bajo qué lógica institucional lo hace.
Según las informaciones conocidas hasta el momento, autoridades estadounidenses habrían intervenido y realizado el volcado completo de dispositivos electrónicos pertenecientes a un ciudadano venezolano en territorio de Estados Unidos sin supervisión judicial conocida. Posteriormente, parte de ese material habría sido remitido a España pese a que no existía entonces investigación judicial española previa ni requerimiento formal conocido por parte de las autoridades españolas.
Y ahí el debate deja inmediatamente de ser puramente político.
Porque si efectivamente el material obtenido mediante accesos a dispositivos privados, sin control judicial específico y sin existencia conocida de un procedimiento penal concreto contra las personas afectadas, comienza posteriormente a circular hacia estructuras policiales o judiciales de otro Estado, entonces aparecen preguntas extremadamente delicadas para cualquier Estado de derecho europeo.
Más aún cuando, al menos según las informaciones publicadas hasta el momento, el contenido difundido no describiría hechos delictivos concretos sino conversaciones privadas, interpretaciones, referencias ambiguas o contactos personales cuya relevancia penal resulta, cuanto menos, discutible.
La cuestión ya no es únicamente qué información existe.
La cuestión es:
- cómo fue obtenida,
- bajo qué cobertura legal se realizó el acceso a dispositivos privados completos,
- qué legitimidad tenía el tratamiento posterior de esos datos,
- por qué determinados fragmentos fueron seleccionados y remitidos,
- y con qué finalidad institucional o política terminaron circulando hacia otro Estado soberano.
Porque en democracias liberales el problema nunca es solo el contenido de una información, sino también:
- la legitimidad de los métodos utilizados para obtenerla,
- la proporcionalidad del acceso realizado,
- el contexto jurídico en que se produjo,
- y la finalidad perseguida con su utilización posterior.
La cooperación internacional entre Estados es legítima y necesaria frente al crimen organizado, el terrorismo o la corrupción transnacional. Pero precisamente por ello aparecen preguntas especialmente incómodas cuando un Estado transmite información privada relativa a personas que ni siquiera constan formalmente acusadas o procesadas en el propio Estado emisor y cuyo contenido conocido no refleja de manera fehaciente la comisión concreta de delito alguno.
Y la cuestión se vuelve todavía más delicada cuando el Estado receptor acepta e incorpora ese material al circuito institucional propio pese a las dudas existentes sobre:
- el origen del acceso,
- la ausencia de supervisión judicial conocida,
- la naturaleza indiscriminada del volcado,
- y la falta aparente de conexión directa con hechos delictivos concretos previamente investigados.
Porque ahí ya no hablamos únicamente de cooperación internacional.
Hablamos de soberanía jurídica, garantías fundamentales y límites del poder estatal sobre la vida privada de los ciudadanos incluso más allá de las fronteras nacionales.
La cuestión de la reciprocidad entre Estados aliados
Pero aparece además otra cuestión todavía más incómoda: la reciprocidad real entre Estados aliados.
Porque resulta legítimo preguntarse cómo reaccionaría Estados Unidos si Francia, Alemania o España remitiesen espontáneamente al aparato federal norteamericano el contenido íntegro de dispositivos privados conteniendo conversaciones ambiguas sobre supuestas operaciones económicas irregulares relacionadas con Donald Trump, sin investigación judicial estadounidense previa ni solicitud formal de las autoridades norteamericanas.
¿Activaría automáticamente el sistema federal una investigación política de semejante alcance sobre la base de ese material extranjero?
La pregunta no es retórica.
Es una cuestión de soberanía jurídica, autonomía institucional y equilibrio real entre cooperación internacional y dependencia estructural.
Soberanía y las viejas naciones
En 1808 las potencias intentaban reorganizar países mediante coronas, invasiones y ocupaciones militares. En el siglo XXI, la penetración puede llegar también mediante datos, filtraciones, inteligencia compartida y erosión institucional permanente.
Y precisamente por eso la pregunta ya no es únicamente política.
Las viejas naciones suelen ser más sabias precisamente por haber sobrevivido durante siglos a invasiones y presiones brutas.
